Sánchez cumple ocho años en el poder acorralado por los escándalos de corrupción

El octavo aniversario que se cumplirá mañana desde que por vez primera triunfara la moción de censura contra un presidente del Gobierno en el actual periodo democrático y situara a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.

Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa moción que desalojaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el Rey.

La iniciativa que lo propició fue presentada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.

En nombre del PSOE, la moción fue defendida ante el pleno por el entonces secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, actualmente en prisión por su presunta implicación en el denominado 'caso Koldo', relacionado con supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos se convirtió por ello en uno de los principales problemas a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno y el PSOE en los últimos ocho años, junto a otros como la situación del que le sucediera como número tres del partido, Santos Cerdán.

Sin apoyos para otra moción

Más reciente ha sido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de declarar ante la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, y las nuevas actuaciones judiciales en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez y que llevaron esta semana a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal socialista.

Con esos casos judiciales sobre la mesa, así como los que siguen afectando tanto a la esposa como al hermano de Pedro Sánchez, llega el octavo aniversario de la moción de censura, que viene acompañado de peticiones reiteradas por parte del Partido Popular para que se ponga fin a la legislatura y se adelanten las elecciones

"Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno. Y cuando digo todo, es todo", garantizó esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sin dar el paso de presentar una moción para relevar a Sánchez al carecer de los apoyos necesarios para ello.

De ahí que haya redoblado la presión a los socios de investidura del presidente para que dejen de apoyar a su Gobierno. Un apoyo que, de acuerdo con las declaraciones de sus dirigentes, ya no tiene Sánchez de algunas de esas formaciones que en su día le dieron la confianza.

Aquel 1 de junio de ocho años atrás, consiguió que la moción fuera respaldada por 180 votos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias) y su última investidura, el 16 de noviembre de 2023, salió adelante por 179 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria).

Si Junts ya dio por acabado su apoyo al Gobierno meses atrás, el PNV y Coalición Canaria, a raíz de los últimos acontecimientos judiciales relacionados con el PSOE, han dado por terminada la legislatura.

Comparecencia en el Congreso

Pero ni Junts ni PNV se han abierto a respaldar una hipotética moción de censura, algo que desde el Gobierno se augura que no sucederá por el castigo que podrían sufrir en las urnas si dieran un paso en el que tendrían que votar junto a Vox. Sin esa iniciativa a la vista, Sánchez ha ratificado lo que viene repitiendo durante toda la legislatura, incluso en los momentos más delicados como el de los cinco días de reflexión que se tomó tras comenzar la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez: no tirará la toalla y no adelantará las elecciones.

Seguirá adelante, afirma, pese a que la situación permita aventurar ya que no se aprobará ningún presupuesto durante el actual mandato. Es lo que previsiblemente repetirá en la comparecencia que ha solicitado ante el Congreso después de las últimas actuaciones judiciales que han afectado al PSOE y que, de acuerdo, con el calendario previsto, podría celebrarse el 24 de junio.

Justo tres días antes de la reunión del Comité Federal que ha convocado el PSOE y que inevitablemente abordará también esos asuntos después de que desde el Gobierno, por boca de su ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya alertado de una operación para intentar derribar al Ejecutivo por "métodos no democráticos".