El posible acuerdo con Irán está lleno de grietas
Lo que este fin de semana se vende al mundo como un entendimiento histórico entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán es, examinado sin sentimentalismo, un anuncio en busca de una firma —y un anuncio que sus propios autores describen en términos mutuamente incompatibles—. Antes de analizar el acuerdo conviene afirmar, con toda rotundidad que todavía no hay acuerdo que analizar: existe un memorando de entendimiento que la mediación paquistaní da por «cerrado», y que los negociadores qataríes siguen puliendo con ambas partes, que Washington cifra en un 80–85 % de probabilidad de firmarse y que aguarda aún el plácet de un líder al que nadie ha visto en público desde las primeras horas de la guerra que eliminó a su padre.
Celebrar esto como paz es precisamente el "wishful thinking" —el pensamiento desiderativo, la ilusión tomada por realidad— que ha dado al traste con cada aproximación occidental previa a Teherán. Los objetivos de los negociadores son distintos: EEUU, tratar de consolidar sus objetivos de la guerra, y Teherán marear la perdiz y ganar tiempo para volver a las andadas.
La primera y más grave deficiencia brota directamente de lo que vengo describiendo como la paradoja del descabezamiento. Los ataques del 28 de febrero no eliminaron a los moderados, la tragedia para el acuerdo mil veces frustrado es que cada uno de los ultra-radicales que sobrevivieron carece de la autoridad ideológica, del rango jerárquico y de la personalidad dominante necesarios para imponer su voluntad a sus conmilitones y forzarles a aceptar las concesiones que cualquier acuerdo exige. Alí Jameneí, líder de un régimen terrorista y criminal, sí podía imponer disciplina interna; sus sucesores son iguales sin un primus inter pares. Su hijo Mojtaba —herido, invisible, formalmente elevado a la posición, pero sin mando real, jamás puesto a prueba, rodeado de un círculo estrecho en el que el general Mohsen Rezaei es el nexo visible y todos sometidos a escrutinio feroz del general jefe de la Guardia Revolucionaria Ahmed Vahidi.
Los estadounidenses reconocen que solo creen que el líder “supremo” ha dado su visto bueno, pero «no pueden estar seguros». Las campanas al vuelo de la administración Trump 2.0 contrastan con sus excusas y aseguran que las fracturas internas del régimen «se están resolviendo por sí solas». Esa frase debería aterrar a los optimistas: una firma arrancada a una oligarquía acéfala no obliga a nadie, porque ninguna autoridad única puede garantizar que la Guardia Revolucionaria, las organizaciones terroristas satélites y las facciones rivales la respeten. No es una teocracia la que firma un acuerdo; es una oligarquía yihadista, dictatorial y mafiosa que alquila su consentimiento por sesenta días.
La segunda deficiencia es que existen, de hecho, dos acuerdos —y se contradicen—. El relato norteamericano, defendido por el vicepresidente J. D. Vance frente a lo que él mismo tachó públicamente de «información falsa», es austero: nada de dinero por adelantado, desmantelamiento del programa nuclear, el uranio altamente enriquecido sacado del país y destruido, un régimen de inspección intrusivo y verificable, el estrecho de Ormuz reabierto y el bloqueo estadounidense levantado, y la reintegración económica ofrecida únicamente después del cumplimiento. El relato iraní, difundido por la agencia Tasnim y por el propio Rezaei, es la imagen invertida: que Trump habría aceptado en secreto liberar activos congelados —doce mil millones de dólares ahora, otros doce después—, que el enriquecimiento solo se tratará en «fases posteriores». Los iraníes no es que vendan ad intra y ad extra que son los vencedores, es que están íntimamente convencidos de ello. Un abismo de semejante calado no es un puente diplomático; es una mecha en el polvorín. Cada parte ha diseñado el texto para poder narrar el triunfo ante su propia audiencia, lo que garantiza que la negociación técnica de sesenta días no se abra sobre un terreno común, sino sobre una colisión.
Y es aquí donde la contradicción se torna profundamente preocupante, porque la cláusula de mayor calado es la que Washington menos desea airear: que el expediente nuclear ha quedado aplazado. Lo que el alto cargo describió como «desmantelamiento» y como la «retirada y destrucción» del material resulta ser, en el texto operativo, una mera promesa de negociar el programa en una fase posterior —mientras que la desactivación del arsenal existente se deja, asombrosamente, en manos de los propios iraníes, bajo nada más firme que una gaseosa obligación de «cooperar» con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)—. Quiero que el lector sopese lo que se concede: cerca de mil libras —unos 450 kilogramos— de uranio enriquecido por encima del 60 %, más una cantidad no revelada enriquecida más allá del 83,7 % —un nivel peligrosamente próximo al 90 % del grado militar—, que habrán de neutralizarse por el propio régimen. Confiar al zorro la desactivación del gallinero, y verificarlo a través de un Organismo al que el régimen lleva años obstruyendo con su doctrina del «acceso gestionado», no es control de armamentos; es el blanqueo de una capacidad nuclear de umbral, travestida de desarme. He aquí el ejemplo más peligroso de hacerse trampas al solitario.
El tercer gran agujero es el silencio —tres silencios, cada uno deliberado—. El texto nada dice, en términos vinculantes, sobre el programa de misiles balísticos de Irán: los mismos sistemas de lanzamiento que se abatieron sobre la región durante la guerra de cuarenta días, y que constituyen el instrumento de agresión más mortífero de Teherán, no serán desmantelados, ni congelados.
Nada dice sobre el patrocinio iraní de sus organizaciones terroristas satélites: no existe obligación de cesar la financiación, el armamento y el adiestramiento de Hizbulá, los hutíes, Hamás y el resto de la constelación, cada uno de cuyos miembros sigue siendo un terrorista que responde a una laxa cadena de mando que el nuevo «supremo» no controla de manera visible. Y, finalmente, no ofrece garantía creíble alguna sobre el único asunto disfrazado de concesión: el estrecho de Ormuz. «Reabrir» el estrecho y levantar un bloqueo no equivale a una garantía vinculante y exigible de paso libre y seguro; el memorando no impide que Irán imponga peajes, tasas o «cánones de inspección» a los buques en tránsito. Cualquier peaje de esa naturaleza sobre un estrecho internacional es sencillamente inaceptable, en derecho y en estrategia: el derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional no es algo que Teherán pueda racionar ni monetizar, y un texto que deja esa puerta entornada ha concedido el principio mientras finge defenderlo. Sin olvidar que, si se acepta que impongan peajes, el régimen yihadista llenaría sus exigua arcas con entre 100.000 y 200.000 millones de dólares anuales. Un disparate.
La cuarta deficiencia es de secuencia y de palanca, y aquí el régimen juega sencillamente mejor que su adversario. El núcleo duro de todo acuerdo verdadero se aplaza a la fase técnica de sesenta días, mientras que la concesión inmediata y tangible es el levantamiento del bloqueo de Ormuz y la perspectiva de reintegración. El régimen terrorista de Irán obtiene así la única mercancía que ha buscado en todas las rondas desde 2025: tiempo. Peor aún, esa ventana de sesenta días funciona como una cláusula de extinción por diseño —el régimen negocia contra el reloj que precisamente prefiere— y la tan invocada «exigibilidad» se afirma en lugar de instrumentarse: no hay reactivación automática y creíble de las sanciones, no hay disparador pactado de antemano, nada que convierta el incumplimiento iraní en un coste inevitable en lugar de en una nueva ronda de súplicas.
Una quinta deficiencia atañe a la región que todo esto debería pacificar. Se anuncia como una paz regional —que abarcaría el Líbano, los países del Golfo, Irán e Israel—, y sin embargo Israel no es parte del memorando, y así lo ha dicho. Un arreglo regional cuyo actor regional decisivo no ha firmado, y que descansa sobre el supuesto de que Jerusalén se abstendrá de golpear en el Líbano, es frágil por construcción. Y el Líbano desnuda la hipocresía más honda del diseño: el texto hace un gesto hacia Beirut, pero brinda un apoyo del todo insuficiente —militar, financiero y político— a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), única institución nacional capaz de desarmar a Hizbulá y de restaurar la soberanía plena y sin cortapisas del Estado libanés sobre su propio territorio. Dejar intacto ese arsenal terrorista es mantener en rehén, a perpetuidad, al Estado mártir libanés, y confundir un alto el fuego sobre el Líbano con la liberación del Líbano.
En el lenguaje que he empleado a lo largo de toda esta guerra, no asistimos al final de un conflicto, sino a su gestión —una guerra de temperatura variable, un enfrentamiento de baja resolución y altísima destrucción que nadie puede ganar y nadie puede permitirse perder—, que entra ahora en una fase de fractura sistémica contenida. Si llega la firma, el desenlace más probable será un congelamiento que cada capital vestirá de victoria, no una resolución. No confundamos la ausencia de bombas con la consecución de la paz.
Terminemos con los posibles escenarios. (A) Firma seguida de un cumplimiento creíble y verificable: en torno al 20 %. (B) Firma seguida de ambigüedad y empantanamiento en la fase técnica, con el congelamiento sosteniéndose precariamente: 40 %. (C) No hay firma, o la firma desemboca en ruptura y una re-escalada: 40 %. La aritmética de estas probabilidades es ya la advertencia: el único camino más probable no es la paz, sino una especie de coma inducido por las peligrosas drogas de las concesiones sin contraparte, que la próxima provocación puede certificar su defunción sin capacidad de reanimación.