Papagayo: el modelo turístico más polémico de Costa Rica explicado desde cero

En los últimos meses se ha intensificado el debate público alrededor del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Acciones judiciales, proyectos de ley y diversas opiniones lo han colocado nuevamente en el centro de la discusión nacional.

Sin embargo, antes de emitir juicios o adoptar decisiones que podrían tener profundas consecuencias para Guanacaste y para el desarrollo turístico del país, conviene recordar qué es realmente Papagayo y cómo funciona su modelo de desarrollo.

Existe la percepción equivocada de que Papagayo es un conjunto de propiedades privadas donde cada inversionista desarrolla libremente sus proyectos. Nada más alejado de la realidad.

El Polo Turístico es una política pública concebida hace más de 50 años. Su origen responde a estudios técnicos y a una visión de largo plazo, mediante la cual Costa Rica decidió destinar una parte estratégica de su territorio para desarrollar un modelo turístico de alto valor agregado, baja densidad y estricta regulación ambiental.

Los terrenos del Polo no fueron vendidos. La titularidad de las tierras permanece en manos del Estado costarricense. Los inversionistas no adquieren la propiedad; participan en concursos públicos promovidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para optar por concesiones administrativas sujetas a condiciones estrictas y permanentes.

Cada concesión está sometida a un contrato con el Estado, al Plan Maestro, a reglamentos específicos, a la legislación ambiental y a los controles permanentes –entre otros– del ICT, Setena, Minae y Sinac. Desde el inicio, los concesionarios aceptan obligaciones contractuales, técnicas, ambientales y financieras que limitan significativamente su capacidad de actuación.

Uno de los aspectos menos conocidos del modelo es que las áreas destinadas al desarrollo turístico fueron definidas después de excluir previamente extensas zonas ambientalmente sensibles. La discusión no comenzó preguntándose dónde construir, sino dónde no hacerlo. Los polígonos de desarrollo no incluyen manglares, bosques protegidos, zona pública marítimo-terrestre ni otras áreas sujetas a protección especial.

Además, Papagayo no ha permanecido estático en el tiempo. Conforme Costa Rica fortaleció su institucionalidad ambiental, se incorporaron nuevas regulaciones y lineamientos de protección cada vez más estrictos.

El Plan Maestro establece parámetros de baja densidad (20 habitaciones por hectárea), límites de cobertura constructiva (no más del 30% del terreno), restricciones de altura (aproximadamente, lo que mide una palmera). No son condiciones casuales, sino el reflejo de una decisión deliberada de privilegiar un modelo compatible con las características naturales del entorno.

A ello se suma la evaluación ambiental individual de cada proyecto. Ningún desarrollo puede ejecutarse sin obtener la correspondiente viabilidad ambiental otorgada por Setena y cumplir las obligaciones derivadas de ese proceso. La sostenibilidad del Polo no descansa en una sola norma, sino en múltiples capas de planificación, regulación, evaluación técnica y supervisión institucional.

Pero la sostenibilidad no depende únicamente del ambiente. Durante décadas, el desarrollo del Polo ha generado empleo, oportunidades empresariales y desarrollo para las comunidades vecinas de Guanacaste.

Por eso, el debate actual no debería plantearse como una confrontación entre turismo y ambiente. Esa es una falsa dicotomía.

El verdadero desafío consiste en preservar un modelo que ha buscado equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social mediante reglas claras, planificación previa y controles institucionales permanentes.

Durante más de medio siglo, Papagayo ha contribuido a posicionar a Costa Rica como un destino internacional de alto nivel, atrayendo inversión, generando empleo y creando oportunidades para comunidades que históricamente enfrentaron limitadas alternativas de desarrollo.

Como toda política pública, hay que fortalecerla y adaptarla a las nuevas realidades. Esto, sin perder de vista que estamos ante el único proyecto turístico del país planificado integralmente desde su inicio, bajo una visión de largo plazo, con reglas definidas antes de su desarrollo y con un marco jurídico y ambiental excepcionalmente robusto y exigente.

Las decisiones que hoy adopten los distintos órganos del Estado tendrán consecuencias que trascienden a los actuales concesionarios y a las comunidades vinculadas al proyecto. Por esa razón, más que un debate ideológico, este debería ser un debate informado, técnico y responsable.

Antes de decidir qué hacer con Papagayo, conviene comprender primero qué es Papagayo. Costa Rica merece que así sea.

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Rodrigo A. Castro F. fue ministro de Turismo de Costa Rica (2002-2006) y presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Actualmente, es presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios y acumula más de cinco décadas de experiencia en el desarrollo turístico del país.