Todo empezó con un anuncio de Pedro Sánchez en un centro infantil de Getafe el pasado mes de septiembre, cuando Pilar Alegría aún ocupaba la cartera de Educación. El presidente del Gobierno anunció entonces que reduciría la jornada lectiva de los maestros y que las horas de clase pasarían a ser en Primaria de 23, y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato. Pero el Gobierno también quería bajar las ratios, así como la carga burocrática de los docentes. Una ministra de Educación después, la norma había ido recorriendo su camino parlamentario sin piedras en el camino. Hasta que Junts y el PNV presentaran dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que se han debatido este jueves en en el Congreso. Para saber si la norma queda paralizada, habrá que esperar la tarde de este jueves. Si el Partido Popular y Vox votan sí a las dos enmiendas el Gobierno habrá sumando un nuevo fracaso. El Consejo de Ministros aprobó hace casi dos meses en segunda vuelta este proyecto de ley que establece con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En cuanto al profesorado, la norma contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Junts justifica que su enmienda a la totalidad «no se fundamenta en una discrepancia sobre la oportunidad material o política de las medidas contenidas en el proyecto de ley». De hecho, precisa que «determinadas finalidades perseguidas por la iniciativa legislativa -como la mejora de las condiciones de la función docente, la reducción de ratios o el refuerzo del sistema educativo- pueden resultar legítimas e incluso compartidas». Para la formación independentista, «la discrepancia esencial es de orden constitucional y estatutario». «El autogobierno de Cataluña no es disponible ni reivindicable solo a ratos», apunta en la enmienda a la totalidad, recogida por Europa Press. «La autonomía catalana, ya muy mermada y recortada por todas partes, debe defenderse siempre y en todos los debates. Es una cuestión de principios», advierte Junts, que asegura que el proyecto de ley «incurre en una alteración profunda y constitucionalmente inadmisible del reparto de competencias establecido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al atribuir al Estado una capacidad reguladora que excede claramente el ámbito de las competencias básicas que le reconoce la Constitución». Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco critica que el proyecto de ley presentado por el Gobierno incurre, a su juicio, «en una serie de deficiencias sustanciales». Entre ellas, destaca la «ausencia» de una cooperación institucional real con el País Vasco, comunidad competente en materia educativa, durante el proceso de elaboración de la propuesta. En este sentido, el PNV avisa de que la iniciativa impulsada por el Gobierno central «no responde a una lógica de colaboración ni de construcción compartida, sino que plantea una decisión previamente cerrada, diseñada al margen de las instituciones vascas y, posteriormente, trasladada para su mera aceptación». En segundo lugar, asegura que el texto «es consecuencia de un diálogo social carente de una representación significativa del sector educativo vasco». «El preacuerdo alcanzado en Madrid se ha articulado con organizaciones cuya implantación en el sistema educativo de Euskadi resulta limitada», lamenta. En tercer lugar, la formación vasca señala que el proyecto «carece de una valoración del impacto económico que la medida tendrá sobre las comunidades autónomas». «El Gobierno impulsa obligaciones y compromisos organizativos cuyo coste recaerá principalmente sobre las administraciones autonómicas, sin haber desarrollado previamente un cálculo cooperativo ni una memoria económica consensuada con ellas», asevera.
