Acreditación: la garantía silenciosa detrás de lo que damos por seguro
Hay palabras que, a primera vista, parecen pertenecer solo al lenguaje técnico. Acreditación, inspección, certificación... Son términos habituales para quienes trabajan en el ámbito de la evaluación de la conformidad, pero probablemente lejanos para una parte de la ciudadanía e incluso para muchos decisores que, sin embargo, dependen cada día de sus resultados.
Cuando bebemos agua del grifo, cruzamos un puente, usamos un ascensor, compramos aceite de oliva, acudimos a un centro sanitario, recibimos un producto comprado online o confiamos en un algoritmo de inteligencia artificial, rara vez pensamos en todas las comprobaciones, ensayos, inspecciones y certificaciones que han contribuido a que aquello funcione con garantías. Que el agua sea potable, que el aceite sea lo que dice la etiqueta, que el ascensor soporte el peso que indica, que el algoritmo opere dentro de unos parámetros verificados: nada de eso es casual.
Por ello merece la pena detenerse a recordar que una economía avanzada no puede sostenerse únicamente sobre declaraciones, compromisos o buenas intenciones. Necesita algo más exigente: evidencia técnica, ausencia de conflictos de interés y rigor.
La acreditación es el mecanismo que certifica, ante el mercado y las administraciones, que una entidad tiene la competencia técnica para realizar evaluaciones fiables. Hablamos de laboratorios de ensayo, organismos de inspección y verificación, entidades de certificación de productos, sistemas y personas… En un mundo cada vez más regulado, más tecnológico y más complejo, esa diferencia es decisiva.
Porque no basta con que algo diga que cumple, hay que poder comprobarlo. No basta con que una empresa declare que un producto es seguro, hay que evaluarlo. No basta con que una organización afirme que es sostenible, hay que verificarlo. No basta con aprobar normas, hay que contar con capacidad real para comprobar que se aplican.
Esa es precisamente la función de la evaluación de la conformidad: conectar la norma con la realidad. Y es ahí donde la acreditación es clave, porque permite saber que quienes realizan esas evaluaciones tienen la imparcialidad y la competencia necesarias para hacerlo.
En España, este sector constituye una infraestructura técnica de primer orden: cerca de 2.000 entidades acreditadas, más de 35.000 empleos directos y un volumen de mercado superior a 3.500 millones de euros anuales.
Pero su importancia y su valor no se miden solo en cifras: se miden en riesgos evaluados y anticipados, instalaciones más seguras, productos más fiables, mercados más eficientes y administraciones que pueden apoyarse en resultados técnicamente solventes. Este año, además, dos instituciones centrales de esa arquitectura celebran su 40.º aniversario: ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, designada por el Gobierno para supervisar a las entidades certificadoras, y UNE, la Asociación Española de Normalización.
Un sector que, precisamente por su eficacia, afronta una paradoja: cuanto mejor cumple su función, menos visible es. Cuando una infraestructura funciona, cuando una medición es fiable, cuando un producto cumple los requisitos aplicables, rara vez se piensa en el sistema técnico que lo ha hecho posible. Su ausencia, en cambio, se nota de inmediato: los fallos de seguridad, los fraudes o las averías recuerdan lo que cuesta prescindir de una verificación rigurosa.
Pero que algo no se vea no significa que no sea esencial. La evaluación de la conformidad es esa red silenciosa que sostiene buena parte de lo que damos por seguro: está en la industria y en la energía, en la construcción y en la movilidad, en la alimentación y en la salud, en las infraestructuras públicas, en la sostenibilidad, en la ciberseguridad y en los nuevos retos de la inteligencia artificial, cuyos sistemas ya cuentan con estándares de evaluación específicos.
En este contexto, la acreditación no es un elemento accesorio, es una garantía institucional de competencia técnica e imparcialidad. Y conviene subrayar especialmente, además, la ausencia de conflictos de interés. La separación entre quien realiza una actividad y quien la evalúa no es un detalle menor, sino una condición esencial para la credibilidad de cualquier sistema que aspire a proteger la seguridad, la fiabilidad y la igualdad de condiciones en el mercado.
La calidad regulatoria de un país no depende solo de las normas que aprueba, sino también de su capacidad para comprobar que esas normas se cumplen. Una política industrial seria, una transición energética ordenada, una digitalización segura, el mantenimiento y protección de infraestructuras críticas (redes ferroviarias, sistema eléctrico, telecomunicaciones) solo son posibles si existe capacidad técnica real para verificar que los compromisos se traducen en resultados.
ADECÚA representa a las organizaciones que forman parte de esta arquitectura en nuestro país. Empresas que actúan en sectores estratégicos y que contribuyen, con rigor e independencia, a que la seguridad y el cumplimiento normativo no dependan de declaraciones, sino de evidencia técnica demostrable.
Porque la calidad no se proclama, la seguridad no se improvisa y la fiabilidad no se presume: solo pueden sostenerse con evaluación rigurosa, evidencia técnica e imparcialidad.
Alejandro González García, presidente de ADECÚA, Asociación Española de Empresas de Ensayos, Inspección y Certificación, y director general de SGS España y Portugal