Exigen el cese de Mercedes González y el DAO de la Guardia Civil para que no interfieran en la investigación
Tras su imputación en el "caso Leire Díez", la continuidad de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llama, se antoja indefendible. Así lo ha manifestado la asociación JUCIL, que ha exigido la incoación urgente de un expediente disciplinario y la separación de sus funciones. Asimismo, ha reclamado el cese de González, al considerar que su permanencia en el cargo es incompatible con el desarrollo neutral de la investigación.
La asociación denuncia que la continuidad de los investigados en sus puestos "no es institucionalmente neutra" y conlleva el riesgo de que sigan ejerciendo su autoridad sobre las mismas unidades que están llevando a cabo la investigación judicial. Esta situación, según JUCIL, compromete la imparcialidad del proceso.
Por ello, solicita la aplicación del mismo régimen disciplinario que se aplica a cualquier guardia civil, recordando que el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil prevé la suspensión de funciones como medida cautelar en casos de especial gravedad para garantizar el servicio y proteger la imagen institucional. La inacción ante esta situación genera un "fuerte agravio comparativo y malestar en el Cuerpo", señalan. Porque, a su juicio, no puede haber "dos varas de medir": una para los guardias civiles de base y otra para quienes dirigen la Institución, exigiendo actuar con la misma diligencia y sin privilegios.
Los hechos que se investigan revisten una "extraordinaria gravedad" al afectar, presuntamente, la utilización de la estructura jerárquica y disciplinaria de la Guardia Civil para condicionar la actuación de unidades de Policía Judicial. Se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.
Desde JUCIL, califican de "desacertadas" las declaraciones del DAO, quien afirmó "me debo a quien me designa". La asociación subraya que la lealtad de los mandos de la Guardia Civil debe estar siempre al servicio de la institución y del interés general, y no de las personas que ocupan temporalmente cargos de responsabilidad.
Esta asociación recuerda que solo en 2025, 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios, de los cuales 185 fueron calificados como muy graves. Como resultado, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis fueron separados del servicio, reflejando la alta exigencia disciplinaria.