El Gobierno perseguirá a las gasolineras que incumplan los márgenes marcados por el decreto anticrisis
El Gobierno aprobó con el inicio del conflicto en Oriente Medio un primer paquete de medidas para contener las consecuencias económicas de la guerra, sobre trodo por la subida del precios energéticos y de algunos insumos, especialmente los hidrocarburos por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Aquel decreto ley contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas ya decayeron al final del mes de junio. Por eso, el Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves el nuevo decreto, que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, como la prórroga de la ayuda a los carburantes y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía, una demanda presentada por el PP y Junts.
La reactivación del conflicto y las tensiones en los precios energéticos han obligado al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete fiscal en el Consejo de Ministros, pero ahora debe ser ratificado por el Congreso, que tiene que decidir si se convalida o se deroga. En este nuevo paquete se han incluido medidas indirectas y directas, como la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre, aunque decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis. El Gobierno sí ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se enquiste y la inflación de los carburantes vuelva a dispararse.
Según han confirmado fuentes de Economía, se revisará cada mes, "de manera constante", la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, "se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado" y se reactivará la cláusula de revisión para gasóleo, gasolina, gas y electricidad. Además de los hogares, profesionales y autónomos también podrán beneficiarse de un descuento de 20 céntimos/litro a los carburantes en el caso del sector primario y del sector del transporte. En el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
En cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura. La desaparición de este tributo se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.
El decreto también tiene cortapisas importantes, ya que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. No obstante, el Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio.
En materia laboral, el Ministerio de Trabajo ha introducido en el texto final que se prorroguen las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra. También que se active la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación y permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.
Estas nuevas medidas tendrán tres meses de vigencia y tendrán un coste adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.