El chavismo y la oposición se instalen en una mesa de negociación marcada por el hermetismo
El último integrante de la delegación opositora, todos exdiputados en el exilio, llegó a Venezuela la mañana de este jueves, horas antes de que arrancara en Caracas la primera reunión presencial del proceso de diálogo con el chavismo impulsado por Washington. Dinorah Figuera y el resto de los opositores han contado con custodia y movilización organizada por la embajada de Estados Unidos en el país, un detalle que revela hasta qué punto la administración de Donald Trump ha tomado un papel activo en un mecanismo que sus propios promotores evitan calificar como una negociación clásica.
El encuentro se instaló formalmente en un centro de convenciones en la capital del país, sin prensa. Tan solo algunas fotografías. Fue el primer cara a cara entre ambas delegaciones luego del contacto telefónico sostenido el pasado 1 de agosto entre representantes de la administración de Delcy Rodríguez y del sector opositor encabezado por Figuera. El Ministerio de Comunicación e Información convocó inicialmente a la prensa, pero horas antes de la cita restringió el acceso únicamente a fotógrafos, bajo el argumento de que "no habrá declaraciones".
Según una fuente con conocimiento del proceso que habló a LA RAZÓN, el chavismo fue deliberadamente más lento en la designación de sus integrantes, una manera de dilatar el arranque del mecanismo. Del lado opositor, ha sido Primero Justicia el partido que ha terminado liderando esta iniciativa tutelada por Washington. Esa tolda, que formalmente respalda a María Corina Machado, avanzó en el mecanismo a pesar de su exclusión.
Los tres puntos de la mesa
La agenda contempla tres puntos: atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia y garantías políticas. El primero, incluido a instancias de la delegación del gobierno interino, se concibe como una vía para intentar descongelar recursos venezolanos retenidos en el exterior.
El segundo codifica la discusión sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, para permitir el diseño de un cronograma electoral a mediano plazo. El tercero adelanta el terreno más delicado: los cambios legales e institucionales que definirán el funcionamiento del Estado, un punto que responde tanto a la convicción de Washington de que el diseño actual impide las libertades civiles como al interés del propio chavismo en fijar reglas que le permitan operar políticamente si tuviese que dejar el poder.
Pero el hermetismo y la terminología han hecho levantar algunas cejas. El exdiputado César Pérez Vivas cuestionó la "agenda genérica" del proceso y advirtió que la inclusión del sismo convierte una tragedia natural en "instrumento para alargar" la permanencia del chavismo en el poder, al considerar que su atención debería ser una obligación directa del Estado y no materia de negociación.
El equipo de Figuera ha insistido en que el plazo para alcanzar un resultado concreto se extiende hasta diciembre. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela reclamó que la excarcelación de los detenidos figure entre las primeras medidas humanitarias. En la misma línea, el dirigente Juan Pablo Guanipa pidió que la mesa respete "el espíritu de lo sucedido el 28 de julio del año 2024" y reclamó la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un cronograma electoral con María Corina Machado como candidata. Guanipa admitió el escepticismo generalizado, pero sostuvo que a diferencia de intentos anteriores, esta vez existe, a su juicio, "un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra", en referencia al Departamento de Estado.
Reinstitucionalizar Venezuela
A su llegada al país la víspera, Figuera había definido el desafío de reinstitucionalizar Venezuela mediante un nuevo CNE y un TSJ "creíble y confiable" como un reto que su comitiva recibe "con gran expectativa", y agradeció a Marco Rubio el respaldo brindado para que el país sea “en un futuro inmediato” una nación democrática.
El proceso llega precedido de un historial adverso: es la decimoctava iniciativa de diálogo entre chavismo y oposición desde 2002, según el politólogo Benigno Alarcón, quien reclama prudencia dado que rondas anteriores han beneficiado mayoritariamente a quienes llevan casi tres décadas en el poder. Un estudio de ORC Consultores revela que más del 21% de los venezolanos considera que la celebración de elecciones depende directamente de la administración de Trump, y sitúa la expectativa mayoritaria en 2027, frente a apenas un 14% que cree posible que se celebren este año.
Esa impaciencia choca con el cálculo del Departamento de Estado. Rubio condicionó el 4 de agosto la celebración de comicios a que el país alcance antes "verdadera libertad de prensa, participación bipartidista, reconciliación nacional" y un Consejo Electoral confiable, y advirtió que el proceso "va a requerir algo de persistencia y un poco de paciencia: no años, pero sí ciertamente meses y semanas", con el objetivo declarado de que el próximo gobierno reciba "un Estado funcional" y no "un desastre".