Francia:Justicia reconoce errores en la gestión de casos de violencia contra menores
Casos nunca remitidos a los tribunales, procesos extraviados, menores entrevistados por teléfono: una carta del Ministro de Justicia al Ministro del Interior, revelada el sábado por Le Monde , ofrece una imagen demoledora de cómo se gestiona la violencia sexual contra menores. En ella se recogen las conclusiones de 37 fiscalías, dos meses después de la muerte de Lyhanna.
Una carta de doce páginas enviada el 29 de julio por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al ministro del Interior, Laurent Nuñez, y revelada el sábado por Le Monde , detalla las deficiencias que dificultan la gestión de los casos de violencia sexual contra menores en Francia. El documento resume la información recabada de 37 fiscalías y expone casos fantasma que nunca fueron remitidos a los tribunales, procedimientos extraviados, investigaciones abandonadas y servicios de investigación sobrecargados.
Este censo surgió a raíz de la conmoción causada por la muerte de Lyhanna . La colegiala de 11 años había desaparecido en Fleurance, en el departamento de Gers, y su cuerpo fue hallado el 4 de junio en Puycasquier, a unos quince minutos en coche. Jérôme Barella, de 41 años, que ya tenía varias denuncias por delitos sexuales contra menores, fue acusado el 15 de julio del asesinato y la violación de una menor de 15 años. Al revelarse que estas denuncias previas no se habían tenido en cuenta, Gérald Darmanin ordenó una auditoría de los expedientes, que constató la existencia de 85.047 denuncias pendientes por violencia sexual contra menores. Posteriormente, los fiscales visitaron comisarías y brigadas de gendarmería, antes de que los fiscales jefes centralizaran sus conclusiones, informa Actu17.
La primera conclusión clave de la carta es el enorme volumen de lo que el documento denomina el "retraso fantasma": expedientes cuya existencia es desconocida para el sistema judicial porque los departamentos pertinentes nunca los han remitido. En Nîmes (Gard), los magistrados descubrieron 1.275 casos desconocidos para la fiscalía, incluyendo 875 en la Policía y 400 en la Gendarmería. La cifra asciende a 905 en Caen (Calvados). En Agen (Lot-et-Garonne), "un número significativo de investigaciones en curso dentro de los servicios de investigación no habían sido comunicadas a la fiscalía ", señala el documento citado por Le Monde . La transferencia de expedientes de una unidad a otra sin pasar por la fiscalía local, "una práctica que se abusa con demasiada frecuencia", da lugar a un " seguimiento complejo, si no imposible " .
En otros lugares, los casos simplemente han desaparecido. En Bourges (Cher), cerca de quince se han perdido sin más . En Chambéry (Saboya), algunos no se pueden localizar en un departamento específico, o incluso se declaran perdidos, debido a la falta de un sistema de seguimiento eficaz, ya que el software es imperfecto o incluso inoperante . En Ajaccio (Córcega del Sur), las denuncias no se remitieron inmediatamente a la fiscalía, a pesar de que la normativa así lo exige. El sistema informático de la policía nacional está directamente implicado: el software de redacción de actas procesales obliga a los agentes a imprimir cientos de páginas que ya existen en formato digital. Su nueva versión, en desarrollo desde 2016, aún no es viable, con un coste de casi 260 millones de euros según el Tribunal de Cuentas.
La carta también destaca la calidad de las investigaciones y la capacitación de los investigadores. En Burdeos (Gironda), un reservista realizaba entrevistas telefónicas con niños menores de 10 años. En Besançon (Doubs), los magistrados observaron la continua mala conducta en las entrevistas con las víctimas menores de edad, que incluían preguntas cerradas o comentarios inapropiados . En Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), solo una investigadora de la gendarmería y ocho agentes de policía están capacitados en el procedimiento de entrevista "Mélanie" , que recibe su nombre del protocolo que los investigadores deben seguir al entrevistar a una víctima menor de edad. En París, los fiscales destacaron un número significativo de casos que habían sido objeto de investigaciones muy inadecuadas, o incluso de ninguna investigación en absoluto . Algunos casos en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) no han dado lugar a "ninguna acción de investigación desde la denuncia o remisión a la fiscalía" , y en Basse-Terre (Guadalupe), "los procedimientos de más de tres años, con un autor identificado o identificable" están en "abandono total" .
A estas deficiencias se suma el retraso en las unidades de investigación. En Le Mans (Sarthe), la unidad de protección familiar cuenta con seis investigadores para 4.000 casos. En Amiens (Somme), tres investigadores gestionan "más de 300 casos cada uno ". En Rouen (Seine-Maritime), 17 agentes están asignados a casos de delitos contra menores cuando se necesitan alrededor de 60, una escasez detectada desde 2010. Una cuarta parte de los puestos están vacantes en la comisaría de Arras (Pas-de-Calais), y en Vienne (Isère), todos los agentes con experiencia han solicitado traslados. En Dijon (Côte-d'Or), los investigadores afirman estar "hartos" y "completamente desanimados ". Las cifras reflejan este retraso: en las jurisdicciones policiales, la mitad de los casos llevan pendientes más de un año, mientras que en las jurisdicciones de la gendarmería, tres cuartas partes de los casos tienen menos de seis meses.
La Gendarmería destaca: la mayoría de los informes la describen como mejor estructurada y con agentes más capacitados que la policía en estas materias. La fuerza se apoya especialmente en las oficinas de gestión de casos, implementadas a nivel nacional desde enero de 2016, un sistema que permite el seguimiento de los casos pendientes y con el que los magistrados se muestran satisfechos. Su integración en la policía se presenta como una posible solución, aunque estas oficinas de gestión de casos no parecen haber sido del todo efectivas en el caso Lyhanna.
El documento también revela importantes tensiones entre policías y magistrados. En varias ocasiones, los oficiales de policía se han opuesto a que se divulguen a la fiscalía los detalles del personal asignado a este litigio. En Tours (Indre-et-Loire), la jerarquía prioriza claramente las necesidades locales, especialmente las relacionadas con el orden público, en la asignación de casos y personal . Dentro de la policía, varias voces cuestionan la reforma del departamento de investigación criminal que Gérald Darmanin dirigió en 2024, cuando era Ministro del Interior.