Presupuesto 2027: seguridad y El Niño compiten por recursos en un presupuesto que podría superar los S/257.000 millones
El Presupuesto Público 2027 podría superar los S/257.000 millones si el Ejecutivo propone un monto mayor al aprobado para 2026. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa los requerimientos de los distintos sectores, donde la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño figuran como las principales presiones de gasto. Esto se suma a las demandas en salud, educación y programas sociales, en un escenario en el que el Gobierno debe priorizar la reducción del déficit fiscal.
El monto definitivo del presupuesto del próximo año todavía no ha sido presentado oficialmente. Como referencia, la Ley N.° 32513 aprobó para 2026 un presupuesto de S/257.561 millones, por lo que la cifra que se discute para 2027 tendrá que definirse a partir de las proyecciones de ingresos, crecimiento económico y necesidades de gasto del Estado.
La definición entra en una fase decisiva. Desde el 17 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, viene sosteniendo reuniones con los titulares y equipos técnicos de distintos ministerios para revisar sus demandas presupuestales. El objetivo es determinar qué requerimientos pueden incorporarse al proyecto que el Ejecutivo debe remitir al Congreso antes del 30 de agosto.
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¿Cuánto más podría tener el Estado en 2027?
El dato que marcará la discusión será el crecimiento del presupuesto respecto a 2026. Un aumento nominal no significa necesariamente que el Gobierno disponga de la misma cantidad de dinero adicional para nuevas políticas.
Una parte importante de los recursos está comprometida en remuneraciones, pensiones, transferencias, bienes y servicios, servicio de la deuda e inversiones que ya cuentan con programación. Por ello, el margen efectivo para crear nuevas partidas puede ser considerablemente menor que el incremento nominal del presupuesto.
La estructura del presupuesto de 2026 permite dimensionar el tamaño de los recursos que administra el Estado. La Ley N.° 32513 fijó en S/257.561 millones el Presupuesto del Sector Público para este año, monto que incluye los recursos asignados al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
Para 2027, sin embargo, el margen de maniobra no dependerá únicamente de cuánto aumente el presupuesto total, sino de cómo se distribuyan los nuevos recursos y cuánto de ellos quede comprometido en obligaciones existentes. Si una mayor proporción se destina a gastos permanentes, será menor el espacio disponible para nuevas inversiones o programas.
Seguridad: una prioridad que puede requerir gasto permanente
La seguridad ciudadana es uno de los sectores que llega a la discusión presupuestal con mayores expectativas de recursos. El Gobierno de Keiko Fujimori ha colocado la lucha contra la delincuencia entre sus principales líneas de acción y varias de las medidas anunciadas tienen un impacto directo sobre las cuentas públicas.
La construcción o ampliación de infraestructura penitenciaria, el equipamiento policial, la adquisición de vehículos y tecnología, el incremento de capacidades operativas y la contratación de personal son algunos de los gastos que podrían requerir financiamiento.
El primer ministro Luis Galarreta presentó ante el Congreso una serie de medidas vinculadas con seguridad que incluyen nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas. El costo fiscal de estas iniciativas dependerá de cuáles sean aprobadas y ejecutadas.
Esto plantea una diferencia frente a un gasto temporal: una inversión inicial en infraestructura puede convertirse posteriormente en mayores costos de operación, mantenimiento y personal. El MEF deberá considerar esa continuidad cuando evalúe los pedidos de Interior, Justicia y Defensa.
El Niño añade otra presión sobre el presupuesto
La preparación ante el fenómeno El Niño representa una segunda fuente de presión para las cuentas públicas. En este caso, el desafío no se limita a financiar la atención de una emergencia, sino también las obras y acciones preventivas necesarias para reducir sus efectos.
El fenómeno puede afectar carreteras, puentes, infraestructura de agua y saneamiento, agricultura y servicios públicos, generando requerimientos adicionales durante el año. Si las condiciones climáticas empeoran, el Estado podría verse obligado a realizar modificaciones presupuestarias para atender daños que no hayan sido contemplados inicialmente.
El MEF ya ha advertido que el escenario de El Niño debe ser tomado en cuenta en la planificación fiscal. El entonces ministro de Economía, Rodolfo Acuña, informó en julio que la ley de crédito suplementario permitía reorientar cerca de S/3.000 millones para acciones vinculadas al fenómeno El Niño., dependiendo de las necesidades y de la situación fiscal.
La incorporación de prevención en el presupuesto 2027 permitiría, en principio, anticipar parte de esos gastos. Sin embargo, también puede significar que recursos que de otro modo se dirigirían a nuevas inversiones tengan que reservarse para infraestructura y respuesta ante emergencias.
Salud, educación y programas sociales también reclaman recursos
La competencia por fondos no se limita a seguridad y prevención climática. Salud, educación y protección social forman parte de las demandas que el Ejecutivo debe evaluar para el próximo ejercicio.
Los sectores de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social ya participan en el proceso de formulación presupuestaria. A ello se suman Transportes, Vivienda, Producción, Trabajo, Ambiente, Cultura, Mujer, Agricultura, Energía y Minas, entre otros.
Cada cartera llega con proyectos, programas y necesidades propias. El problema para el MEF es que el presupuesto no crece necesariamente al mismo ritmo que las demandas de las entidades públicas.
La situación obliga a establecer una jerarquía de gasto. Una partida adicional destinada a seguridad, por ejemplo, compite con la posibilidad de ampliar recursos para infraestructura educativa, establecimientos de salud, carreteras o programas sociales si los ingresos públicos no crecen lo suficiente para financiar todos los requerimientos.
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El déficit fiscal será el límite
El otro factor que condicionará el Presupuesto 2027 es la trayectoria del déficit fiscal. Las reglas establecidas contemplan una reducción del déficit a 1,4% del PBI en 2027, después de un límite de 1,8% para este año y antes de alcanzar 1% desde 2028.
A junio de 2026, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,3% del PBI, de acuerdo con información del MEF. El resultado se encontraba por debajo del límite establecido para este año, aunque ello no implica que ese espacio pueda trasladarse automáticamente a un mayor gasto.
El Gobierno deberá considerar además la evolución de la recaudación tributaria, el crecimiento económico y las obligaciones financieras del Estado. Si los ingresos no alcanzan las previsiones, el margen para ampliar el gasto será menor.
En ese contexto, el debate sobre el presupuesto no se reduce a determinar si el monto será mayor que los S/257.561 millones de 2026. La pregunta será cuánto de ese aumento podrá utilizarse para nuevas políticas y cuánto deberá cubrir compromisos que ya existen.
¿Qué ocurrirá después?
El MEF debe culminar la evaluación de los pedidos sectoriales y preparar el proyecto que será enviado al Congreso. Las reuniones iniciadas esta semana involucran a prácticamente todo el gabinete y buscan definir qué requerimientos tienen sustento suficiente para ser incluidos en la propuesta.
Una vez presentado el proyecto, el Congreso discutirá la distribución planteada por el Ejecutivo. En esa etapa pueden aparecer nuevas presiones de gasto desde las regiones, municipalidades y bancadas parlamentarias, particularmente en inversión pública y obras de infraestructura.
El resultado final permitirá conocer si el incremento presupuestal, en caso de producirse, será suficiente para financiar simultáneamente las nuevas prioridades del Gobierno.
La cifra global será el primer dato a mirar, pero no el único. Si el presupuesto de 2027 supera los S/257.561 millones, habrá que revisar cuánto de ese incremento termina en seguridad, prevención ante El Niño e inversión y cuánto se absorbe por remuneraciones, transferencias, obligaciones permanentes y deuda. Esa composición mostrará cuánto margen real tendrá el Gobierno para ejecutar nuevas políticas durante su primer año completo de gestión.