El Parlamento danés aprueba una compensación a las groenlandesas por los anticonceptivos implantados
El Parlamento danés aprobó este jueves indemnizar a las miles de mujeres de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, a las que se les implantaron espirales anticonceptivas sin autorización durante décadas.
La compensación asciende a 300.000 coronas danesas (algo más de 40.000 euros) por persona, según la ley, aprobada por 100 votos a favor y 10 en contra.
"El significado de esta ley no se puede subestimar. Es un reconocimiento muy concreto del trauma causado a generaciones de mujeres groenlandesas", dijo Naaja H. Nathanielsen, diputada groenlandesa en el Parlamento danés.
El otro representante groenlandés en la Cámara nacional, Qarsoq Høegh-Dam, acusó al Estado danés de haber hecho una "discriminación sistemática" por su condición de groenlandesas y habló de "violación de los derechos humanos".
"Es lo mínimo que podíamos hacer", dijo Høegh-Dam, que calificó el caso de "la punta del iceberg", en alusión a otros conflictos históricos entre Dinamarca y Groenlandia, que han ganado relevancia por la crisis causada en el último año a raíz del interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con la isla apelando a motivos de seguridad nacional.
La televisión pública danesa DR reveló hace años que a al menos unas 4.500 mujeres y adolescentes (las más jóvenes de 12 años) se les implantaron espirales, en varios casos sin consentimiento y con daños físicos y psicológicos posteriores, desde la década de 1960 hasta 1991, cuando Groenlandia asumió las competencias en sanidad.
La iniciativa obedeció a una campaña estatal de planificación familiar en un territorio que en 1953 había abandonado su estatus de colonia para convertirse en una provincia danesa más y estaba inmerso en un plan de modernización.
Sus defensores aseguran que hubo una planificación familiar estudiada (la isla tenía entonces una de las tasas de natalidad más altas del mundo) y que se quería reducir el número de interrupciones de embarazos no deseados entre las jóvenes, y destacan también que las autoridades groenlandesas no se opusieron.
El expresidente autonómico groenlandés, Múte B. Egede, calificó sin embargo en 2024 lo ocurrido de "genocidio".
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el actual presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidieron disculpas en septiembre del año pasado en un acto oficial en Nuuk (capital de Groenlandia).
"Sólo hay una cosa correcta que deciros hoy: perdón. Perdón por la injusticia que se cometió con vosotras por ser groenlandesas, perdón por lo que os quitaron y por el dolor que se os causó. De parte de Dinamarca: perdón", dijo entonces Frederiksen.
El Gobierno danés había anunciado hace un año la creación de un fondo de reconciliación, que incluye varios casos distintos de discriminación, y la elaboración de una ley para indemnizar a las groenlandesas a las que se les habían implantado espirales sin autorización.
Las autoridades groenlandesas han abierto también otra pesquisa paralela sobre el mantenimiento de la práctica desde 1992 a la actualidad y han apartado ya 4,5 millones de coronas (unos 600.000 euros) para el pago de posibles indemnizaciones.
La aprobación de la ley se produce un día antes de que se publique un esperado informe encargado por el Gobierno groenlandés sobre las posibles implicaciones del caso respecto a los derechos humanos.
"Ha sido muy importante para nosotros que no pasase demasiado tiempo y aprobar esta legislación. Pero es una casualidad que las dos fechas cuadren tan cerca una de otra", dijo ayer tras una comparecencia parlamentaria Frederiksen.
La primera ministra reiteró la gravedad de los hechos y lamentó el daño causado, resaltando que ya se ha dado una disculpa pública y que la compensación es "única por su carácter", pero no quiso especular sobre las hipotéticas conclusiones del informe.
El caso es objeto también de una demanda colectiva de 143 mujeres groenlandesas contra el Estado danés por violación de los derechos humanos, en la que piden una indemnización de 43 millones de coronas (5,8 millones de euros) en un proceso que se espera llegue a los tribunales en 2027.