A las puertas de 200 años: la justicia que debemos cuidar
Dentro de pocos meses, el Poder Judicial de Costa Rica cumplirá 200 años. Llegar a este bicentenario permite reconocer una historia vinculada con la construcción democrática del país, pero también preguntarnos, con franqueza, por el Poder Judicial que tenemos y por el que Costa Rica necesita.
Doscientos años no representan solamente la permanencia de una institución. Hablan también de una decisión que Costa Rica ha sostenido históricamente: confiar la solución de sus conflictos al derecho y a instituciones capaces de aplicarlo. Estos doscientos años forman parte de la propia historia democrática de Costa Rica. El Poder Judicial ha sido parte de su construcción y continúa siendo uno de los pilares esenciales de nuestro Estado democrático de derecho.
Conozco el Poder Judicial desde dentro. Por eso, no necesito idealizarlo para defenderlo. Sé que tenemos problemas. El rezago judicial existe y preocupa. Hay procesos que tardan más de lo razonable y personas que esperan una respuesta que debió llegar antes. Quien espera años la solución de un conflicto tiene derecho a exigirnos una respuesta mejor. Debemos asumirlo sin excusas.
Pero existe otra realidad que pocas veces ocupa titulares. Cada mañana, cerca de 14.000 personas comienzan una jornada de trabajo en el Poder Judicial, en todo el país. Jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas, investigadores e investigadoras, personal técnico, administrativo y de apoyo cumplen una tarea que pocas veces será noticia: hacer que la justicia funcione.
Todos los días se realizan audiencias y juicios, se atiende a víctimas, se investigan delitos, se protegen derechos y se resuelven conflictos que afectan la vida de las personas.
Costa Rica enfrenta, además, formas de criminalidad complejas y violentas. Más de 3.000 allanamientos al año muestran la dimensión de la respuesta al crimen organizado. Detrás de cada operativo, hay horas de investigación, decisiones judiciales, riesgos personales y una enorme responsabilidad institucional.
Nada de esto significa que debamos conformarnos. Necesitamos reducir el rezago, revisar procesos, aprovechar responsablemente la tecnología, administrar mejor los recursos y acercar la justicia a las personas. Debemos rendir cuentas de nuestros resultados, pero también de nuestras insuficiencias.
Mejorar, sin embargo, no consiste únicamente en hacer más eficiente la justicia que conocemos. También exige encontrar mejores formas de responder a los conflictos. La justicia restaurativa es una muestra de ello: nos recuerda que detrás de cada expediente hay personas y que, en ciertos conflictos, responsabilizar, reparar el daño y reconstruir relaciones puede ofrecer una respuesta que una sentencia, por sí sola, no siempre consigue.
Ese esfuerzo por mejorar debe ir acompañado de apertura al escrutinio ciudadano. En los últimos tiempos, el Poder Judicial ha sido objeto de cuestionamientos que han ido más allá de resoluciones concretas o de problemas de su funcionamiento. El escrutinio público es indispensable en una democracia, pero también lo es distinguir entre exigir cuentas a una institución y debilitar la confianza en la función que está llamada a cumplir.
Las resoluciones judiciales pueden criticarse y el funcionamiento del Poder Judicial puede cuestionarse. Nada de eso es incompatible con la independencia judicial.
La independencia judicial es uno de los pilares de una democracia constitucional. No porque los jueces ocupen una posición superior a los demás poderes, sino precisamente porque ningún poder debe ocuparla. Una democracia no se mide solamente por elegir libremente a quienes gobiernan. También requiere instituciones capaces de garantizar los derechos y controles que impidan la concentración del poder.
La independencia judicial no fue creada para proteger a los jueces. Fue creada para proteger a las personas.
Quien tenga que enfrentarse al Estado ante un tribunal necesita un juez independiente. También quien reclame frente a una empresa poderosa, quien sea acusado de un delito, quien haya sido víctima; quien defienda su patrimonio, su trabajo, su familia o sus derechos. Necesitará alguien que pueda decidir conforme al derecho, sin recibir instrucciones, sin temer represalias y sin calcular el costo político de su decisión.
Eso es la independencia judicial.
Costa Rica necesita recuperar espacios de conversación institucional. Un diálogo serio, respetuoso y franco, en el que nadie tenga que renunciar a sus competencias. Dialogar no significa ceder independencia. Significa reconocer que quienes ejercemos responsabilidades públicas compartimos la obligación de hacer funcionar el Estado para las personas.
La Constitución no diseñó poderes para que compitieran por demostrar cuál es más importante. Distribuyó competencias para que ninguno pudiera ejercerlas todas.
Al acercarnos a los 200 años, la respuesta comienza por casa. Necesitamos una justicia más pronta, cercana y transparente; firme frente al crimen organizado; abierta a nuevas formas de resolver los conflictos y consciente de que la confianza ciudadana no se hereda. Tenemos que ganarla todos los días.
Pero el país también necesita una justicia que pueda decir no cuando el derecho obliga a decir no; investigar a quien corresponda; juzgar sin calcular consecuencias políticas y proteger a una persona aun cuando hacerlo resulte impopular.
Quienes hoy tenemos responsabilidades en el Poder Judicial somos custodios temporales de una institución que recibimos de otras generaciones y tendremos que entregar a las siguientes. Nuestro deber es hacerlo con menos rezago, mejores respuestas y mayor confianza ciudadana, preservando una justicia capaz de decidir sin miedo.
Porque el día en que una persona necesite que un juez la proteja frente al poder, comprenderá que la independencia judicial nunca fue solamente un asunto de jueces.
Era también suya.
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Gerardo Rubén Alfaro Vargas es magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.