Las eléctricas advierten al Gobierno sobre los límites a los centros de datos: "España necesita más demanda, no más barreras"
El Gobierno quiere controlar la expansión de los centros de datos en España antes de que su creciente demanda de electricidad pueda tensionar las redes y los recursos energéticos.
Las compañías eléctricas y los operadores del sector comparten la necesidad de un crecimiento sostenible, pero discrepan con el mecanismo elegido.
La exigencia de que los grandes centros respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo, acreditada hora a hora, ha abierto un debate sobre quién debe asumir el coste de adaptar el sistema eléctrico a una economía que va a necesitar cada vez más electricidad.
Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), resume la posición de las compañías eléctricas en una frase: "España necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda". Su argumento no se limita al sector de los centros de datos. Si España quiere electrificar industria, transporte y nuevos servicios digitales, sostiene, debe facilitar la entrada de grandes consumidores en lugar de convertirla en una actividad sometida a requisitos adicionales.
"Si queremos electrificar nuestra economía, aumentar la utilización de las renovables y reforzar nuestra autonomía energética, debemos facilitar la incorporación de nuevos consumos, no dificultarla", añade.
El choque se produce mientras el Gobierno mantiene abierto el trámite de audiencia del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
El plazo para presentar alegaciones termina este viernes 4 de septiembre. El texto afecta a las instalaciones de más de 1 megavatio (MW), por su mayor impacto potencial sobre la red, el territorio y el agua.
La propuesta establece que los centros de datos de mayor tamaño deberán respaldar con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de su consumo energético.
Además, cada nuevo MW de consumo tendrá que asociarse a un MW de generación renovable adicional instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha de la instalación. El respaldo podrá proceder de autoconsumo o de contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, los conocidos PPA.
El Gobierno sostiene que la norma no constituye una moratoria. Los proyectos podrán continuar su tramitación si cumplen los requisitos que finalmente se establezcan. La intención del Ejecutivo es evitar que la proliferación de solicitudes de acceso a la red termine bloqueando capacidad que después no se utiliza y garantizar que las instalaciones que lleguen a construirse generen actividad económica con el menor impacto posible.
Desde 2021 se han preconcedido más de 12 gigavatios (GW) de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos, mientras las previsiones nacionales sitúan en unos 2,5 GW la potencia de computación que podría existir en España en 2030.
La enorme diferencia entre ambas magnitudes lleva al Ejecutivo a considerar que existe una expectativa inversora muy superior a la capacidad de proyectos que realmente acabarán ejecutándose.
El Gobierno quiere limitar así el componente especulativo de la reserva y posible reventa de derechos de acceso y conexión. También pretende que los proyectos que sí avancen cumplan determinadas condiciones ambientales, energéticas y de soberanía digital. La apuesta consiste en anticiparse a las tensiones que el crecimiento de los centros de datos ya ha provocado en otros mercados.
Para Aelec, sin embargo, el problema no es la incorporación de nuevos consumidores, sino cómo se integra esa demanda en el sistema. La asociación considera positivo que la norma fomente nuevas renovables, pero rechaza que esa responsabilidad se traslade directamente a quienes consumen electricidad.
"Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que además no se sabe si van a poder cumplir", sostiene Serrano.
"La función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica; la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables, menos emisiones y mayor eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto", añade.
El planteamiento de Aelec parte de una cuestión estructural: España necesita aumentar la demanda eléctrica si quiere que la electrificación tenga un impacto real sobre las emisiones y sobre la dependencia de combustibles fósiles. La expansión de la generación solar y eólica requiere, al mismo tiempo, consumidores capaces de absorber esa electricidad. Cuando la producción renovable supera la capacidad de consumo o de almacenamiento disponible, aumenta el riesgo de vertidos de energía.
En ese escenario, los grandes consumidores pueden convertirse en una pieza del sistema, no necesariamente en una carga adicional para él. Aelec considera que sería preferible incentivar la flexibilidad de la demanda para que las empresas adapten parte de sus consumos a las necesidades del sistema eléctrico, en lugar de imponerles obligaciones directas de generación renovable.
"El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce exactamente al resultado contrario", afirma Serrano.
La asociación introduce además un segundo elemento de preocupación: la seguridad jurídica. El proyecto no solo condiciona la llegada de nuevos centros, sino que puede modificar las condiciones aplicables a proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión y que han empezado a tomar decisiones de inversión.
"Esta propuesta introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico2, advierte Serrano. 2Además, modificar las condiciones aplicables a proyectos que ya cuentan con permisos concedidos genera incertidumbre regulatoria y puede afectar a la confianza necesaria para seguir invirtiendo en redes, renovables y nueva demanda".
Fuga de proyectos
La advertencia coincide con la preocupación expresada por SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, aunque desde la perspectiva de las empresas que deben construir y operar las instalaciones. La patronal ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto y reclama "cambios sustanciales" antes de su aprobación definitiva.
SpainDC asegura compartir los objetivos del Gobierno en materia de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y crecimiento ordenado. Su oposición se centra en el diseño de las nuevas obligaciones, su intensidad, la acumulación de requisitos y, especialmente, en el calendario previsto para que proyectos ya avanzados puedan adaptarse al nuevo marco.
La asociación considera que, si la regulación sale adelante en los términos actuales, España se situaría como uno de los países con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea. Y advierte de una consecuencia directa sobre las decisiones de localización: entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar en riesgo.
No se trata únicamente de proyectos sobre el papel. SpainDC sostiene que algunas iniciativas y planes de inversión ya están empezando a valorar alternativas en otros mercados europeos ante la posibilidad de que España termine ofreciendo un marco más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los plazos reales de desarrollo de estas infraestructuras.
La preocupación por la seguridad jurídica ocupa un lugar central en la posición de la patronal. Su presidente, Emilio Díaz, considera especialmente problemático que se modifiquen de forma estructural las condiciones de proyectos que ya han avanzado y que se conceda apenas medio año para adaptarse.
"Estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo", explica Díaz. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, sostiene, el promotor puede comenzar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. "Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad2, afirma.
SpainDC no cuestiona que el Gobierno quiera eliminar la capacidad reservada por proyectos que nunca llegarán a construirse. Al contrario, considera razonable combatir la especulación. Lo que reclama es diferenciar una reserva especulativa de un proyecto real mediante criterios como la madurez de la iniciativa, la inversión ya comprometida, el avance efectivo de las obras y el cumplimiento de los hitos previstos.
La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha advertido de que la regulación podría producir un efecto contrario al que persigue el Ejecutivo. "Ordenar el crecimiento no puede significar expulsar la inversión que España ha atraído durante años", ha señalado. Y ha alertado de que una norma concebida para reforzar la soberanía digital puede terminar provocando que "inversión, empleo y capacidad de cómputo se localicen fuera de España".
El impacto potencial sobre la inversión explica la intensidad de las alegaciones. En su último informe anual, SpainDC calculaba una inversión directa e indirecta acumulada de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad. En un escenario restrictivo, la asociación estimaba que esa cifra podría reducirse un 36%.
La disputa se produce en un mercado internacional en el que la decisión de ubicar un centro de datos depende de una combinación de factores. La disponibilidad de electricidad, el acceso a redes, la conectividad, el suelo, el agua y la estabilidad regulatoria pesan en decisiones de inversión que se toman con horizontes de largo plazo. España dispone de algunas ventajas claras, especialmente por su potencial renovable y su posición como nodo de conectividad, pero compite con otros países europeos que también aspiran a atraer estas instalaciones.
Ese factor de competitividad es uno de los argumentos centrales de Aelec. "Los centros de datos representan una oportunidad para atraer inversión, actividad económica y empleo", afirma Serrano. "Si imponemos requisitos que no existen en otros países, corremos el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España, con el consiguiente impacto sobre nuestra competitividad".
El Gobierno rechaza que las exigencias vayan a provocar una fuga de inversiones. El Ejecutivo insiste en que los proyectos podrán seguir adelante si cumplen los requisitos y sostiene que la regulación no supone una moratoria.
La referencia internacional que utiliza el Gobierno es especialmente significativa. En Irlanda, los centros de datos podrían llegar a representar hasta el 32% de la demanda eléctrica. En determinados estados de Estados Unidos, ese porcentaje supera el 25%. Países Bajos también ha aplicado restricciones ante la presión ejercida por estas instalaciones sobre la red.
España todavía no se encuentra en esa situación. El Gobierno reconoce que actualmente no existe un problema de suministro eléctrico asociado a los centros de datos. Su argumento es que resulta preferible anticiparse a las tensiones que podrían aparecer si la demanda crece con rapidez, especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial.
El real decreto pretende abordar, además, otros impactos. Las instalaciones deberán cumplir requisitos de eficiencia energética e hídrica y condiciones relacionadas con la resiliencia. La soberanía digital constituye otro de los pilares del proyecto: el Ejecutivo quiere garantizar que la operación de los centros y los datos vinculados a ella permanezcan bajo jurisdicción de la Unión Europea.
El desenlace tendrá efectos que irán más allá de los centros de datos. La expansión de la economía digital aumentará la demanda eléctrica, al mismo tiempo que la electrificación de la industria y el transporte hará crecer el número de nuevos consumidores.