Persiste el atropello a la justicia en la JNJ
La debida diligencia y la proporcionalidad son principios básicos de cualquier actuación legal. La primera exige revisar los hechos con rigor y considerar sus antecedentes. La segunda demanda una relación razonable entre la falta y la sanción.
Por eso, la propuesta de Gino Ríos Patio para destituir al juez Richard Concepción Carhuancho resulta especialmente cuestionable. El consejero de la actual Junta Nacional de Justicia atribuye al juez una supuesta demora en tramitar la apelación de Mateo Castañeda contra su prisión preventiva. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya archivó una queja de la defensa sobre los mismos hechos.
El problema trasciende la situación particular del magistrado. Que un órgano disciplinario acumule actuaciones con vicios procesales contra jueces que llevan en sus casos los de líderes o lideresas políticos habla más de un patrón de comportamiento que de procesos atípicos.
El riesgo que representa es que el poder de fiscalización funcione como una forma de persecución sobre quienes toman decisiones, por decirlo menos, incómodas para personajes con poder político o económico.
En el caso de la JNJ, el antecedente inmediato data de junio del presente año, cuando la JNJ suspendió a Carhuancho por utilizar una imagen del hermano de la presidenta Boluarte durante una conferencia. Ahora plantea su destitución. Cada expediente puede tener su propia explicación jurídica, pero la sucesión de decisiones también merece una mirada de conjunto.
Aquí conviene separar dos asuntos. Los jueces responden por sus actos y deben estar sometidos a controles rigurosos. Al mismo tiempo, quienes ejercen ese control deben demostrar que aplican criterios objetivos, consistentes y proporcionales. Una magistratura sometida a vigilancia permanente pierde independencia incluso antes de recibir una sanción.
No se trata, entonces, de determinar aquí si Carhuancho merece una sanción. Se trata de advertir los indicios de un problema mayor. Es decir, de que una autoridad disciplinaria pueda someter a la administración de justicia.
La JNJ fue ideada para que funcione conforme a ley. Solo así conserva su tarea esencial para la democracia. Precisamente por eso debe recordar que también existe una frontera entre sancionar y perseguir.