Esto no es un juego de niños, por Las Tejedoras
Nunca se había hablado tanto de protección de la infancia en la política peruana como en las últimas semanas. Todos quieren salvar a los niños. O, al menos, hablar en su nombre. ¿Y quién podría cuestionarlo? La defensa de la niñez se ha convertido en uno de los argumentos de mayor rentabilidad política. Invocarla permite a los grupos antiderechos ocupar una posición moral difícil de discutir, incluso cuando esa bandera se utiliza para desacreditar políticas de protección.
El problema es que estos discursos construyen una infancia abstracta, homogénea, sin género, territorio ni desigualdades, imaginaria; más útil para la política que las vidas concretas de niñas, niños y adolescentes atravesadas por violencia y exclusión.
En ese terreno, la educación sexual integral, el enfoque de género y otros avances aparecen hoy como “amenazas”, precisamente porque ayudaron a nombrar aquello que durante años permaneció en la oscuridad de lo “privado” y el abandono estatal; como la violencia sexual y el castigo físico y humillante en familias, escuelas e iglesias. Más de 22% de adolescentes mujeres peruanas entre 12 y 17 años sufrió violencia sexual en el último año, y en siete de cada diez casos, el agresor era de su entorno cercano (ENARES, 2024).
Por eso, cuando quienes se presentan como defensores de la niñez enfrentan cuestionamientos por la gestión de albergues, la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual, la disputa no es solo moral. Es de influencia y legitimidad para resguardar intereses políticos, económicos e ideológicos concretos.
Las niñas y los niños necesitan un Estado que los reconozca como sujetos de derechos, no solo como objetos de control, un Estado que responda a la exclusión y desigualdad que atraviesan sus vidas con la misma urgencia con la que hoy se les invoca en el debate político.
Colabora Susana Osorio Torres, socióloga