La traición a la Constitución
Existe una paradoja que atraviesa la historia del Perú en diferentes momentos. Esa contradicción consiste en que los ciudadanos que llegan al poder para administrar las reglas fundantes del Estado de derecho terminan siendo los primeros en doblarlas. El principal problema es que el daño va más allá de la norma vulnerada: erosiona la confianza de los ciudadanos en que los acuerdos sociales que nos permiten vivir en relativa convivencia los ponen a salvo del abuso de poder.
En los últimos años, Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, ha rescindido contratos unilateralmente desde su rol como alcalde de Lima, acusó de fraude sin pruebas en las últimas elecciones, renunció inconstitucionalmente a su curul en el Senado y se presentó como candidato a la reelección en la capital, en contra de lo establecido en el artículo 194 de la Carta Magna.
En paralelo, el partido de gobierno, Fuerza Popular, desde la Comisión de Constitución del Senado, anunció que agregaría nuevos ítems al pedido de facultades delegadas aprobado por la Cámara de Diputados. El problema radica en que el texto aprobado es justamente la versión previamente discutida y acotada por consenso con las mayorías en la cámara baja. En ese sentido, advertir que sumarían pedidos a un documento cuyos requerimientos ya habían sido recortados constituiría una desnaturalización del mismo y un abuso de poder en la cámara alta.
Ambos casos tratan del uso del poder temporal para torcer lo que establece la ley y sostener decisiones a fuerza de votos, sin respetar la Constitución. Lo que agrava el cuadro es que las instituciones diseñadas para impedirlo han optado por el silencio.
El Jurado Nacional de Elecciones tuvo en sus manos la defensa del Estado de derecho antes de que el abuso de López Aliaga llegara hasta donde llegó. Sin embargo, prefirió eludir su responsabilidad, en abierta traición al juramento prestado como presidente de la principal institución electoral del Perú.
En medio de esta ola de traiciones, los peruanos merecen instituciones que los protejan y sobre todo garanticen que nadie, ni siquiera el gobernante de turno, pueda abusar de su poder contra ellos. Lamentablemente, ese límite está cada vez más difuso.