El Gobierno de Pedro Sánchez no ha colocado un sólo ladrillo en las dos promociones de viviendas protegidas que tiene en carga en Sevilla. Ni en el Regimiento de Artillería ni en La Ranilla ha comenzado a construir los pisos. Mientras tanto, ha dejado fuera a la capital de Andalucía del mapa de ciudades que se beneficiarán del programa 'Casa 47' que promueve el Ministerio de Vivienda. Y, además, según ha podido saber ABC, también está bloqueando uno de los barrios más grandes que se levantarán en la ciudad, como es el de Santa Bárbara, en Sevilla Este, donde la Sareb -empresa pública que depende del Estado- promueve 518 VPO de las 3.118 viviendas que están allí proyectadas. El sector 1 de Santa Bárbara sigue esperando su urbanización por la inacción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, otra entidad estatal. Es decir, que la Administración central se ha bloqueado a sí misma y mantiene frenado el desarrollo de unos suelos que son fundamentales para el crecimiento de la ciudad. Se trata de la primera fase del que será el futuro Distrito Aeroespacial, que tendrá 24.000 viviendas en total con la unión de los suelos de Santa Bárbara y San Nicolás. Concretamente, este sector 1 colindante con Sevilla Este constituyó la junta de compensación, donde tiene mayoría la promotora Vía Ágora por el volumen de suelo en propiedad, que compró precisamente a la Sareb en 2025. Desde entonces, la promotora ha trabajado junto al Ayuntamiento para desbloquear unos suelos que están contemplados como residencial desde el PGOU de 2006, e incluso aprobados sus planes de ordenación. Sin embargo, el que será el mayor desarrollo urbanístico de Sevilla, llamado a transformar el noreste de la ciudad bajo el modelo de polos aeronáuticos europeos como Toulouse o Hamburgo, ha chocado con el muro burocrático del Estado. La CHG lleva dos años sin dar la autorización ambiental al proyecto del barrio, que también deja en el aire otra infraestructura vital para el crecimiento del Distrito Aeroespacial, como será la SE-35. El escollo que ha provocado este retraso parte de una denuncia ecologista. Estos colectivos reclaman la protección de la contigua Laguna del Sapo, esgrimiendo que se trata de un humedal natural indispensable para la biodiversidad. Sin embargo, la realidad urbanística que sostiene el Ayuntamiento de Sevilla dibuja un escenario muy distinto. Según el Consistorio, este espacio ni siquiera se encuentra en el Sector 1 de Santa Bárbara -la zona exacta donde la promotora Vía Ágora tiene todo preparado para empezar a levantar los edificios-, sino en el Sector 2. A esto se suma otro matiz: el gobierno local defiende que no se trata de un humedal originario, sino de una balsa de agua artificial generada por las escorrentías derivadas de antiguos movimientos de tierra en la zona. No obstante, el alcalde, José Luis Sanz, se comprometió públicamente durante la presentación del proyecto a proteger la laguna e integrarla como territorio de dominio público hidráulico. Una cesión municipal que, hasta la fecha, no ha conseguido respuesta del Estado. Este silencio administrativo se pone de manifiesto en la falta de comunicación por parte de los técnicos de la CHG ante las continuas preguntas del Ayuntamiento y de la promotora Vía Ágora. Esta circunstancia está generando inseguridad jurídica en una operación que se ha cifrado en 600 millones de euros, donde el propio Gobierno de España tiene el compromiso de construir más de medio millar de pisos protegidos, justo en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez está tratando de abanderar soluciones para el problema de la vivienda. La operación apenas está a falta de ese informe y de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tiene que conceder la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que, según ha podido saber ABC, está a punto. El Distrito Aeroespacial abarca en su conjunto mil hectáreas y está concebido como un enclave híbrido donde convivan el uso residencial y el productivo. La cercanía con San Pablo busca potenciar la industria aeronáutica, sector en el que Sevilla ya es referente acogiendo a 100 de las 150 empresas nacionales. El barrio de Santa Bárbara es la base de este desarrollo. Sus 375 hectáreas, divididas en cinco sectores, concentrarán más de la mitad del volumen inmobiliario total: unas 14.000 viviendas. La intención del Ayuntamiento, rubricada junto a la Junta de Andalucía, pasaba por culminar los trámites para que en el verano de 2026 estuviera todo ordenado y licitado. Un calendario que hoy depende de que el Gobierno central libere un trámite atascado desde casi hace 24 meses. Y, de esta forma, el propio Estado pueda comenzar a construir su parte: 518 de las 3.118 viviendas de esta primera fase.
