Zarrías critica las «contradicciones» de las acusaciones de los ERE
La defensa del ex consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías denunció ayer en el juicio de la pieza política del llamado «caso ERE» las «contradicciones» en las que, a su juicio, han incurrido la Fiscalía y las acusaciones en la causa, «no hechas con mala fe sino que responden a la escasez de argumentos», puntualizó.
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda concluyó por la tarde su informe final para pedir la absolución de Zarrías, que se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de prevaricación junto a otros veinte ex altos cargos del Gobierno autonómico basándose, según su letrado, «en un conjunto de insinuaciones desestructuradas» y un «compendio de generalidades y vaguedades» sin concretar qué resolución administrativa o acto prevaricador cometió.
El letrado lamentó, de acuerdo a lo recogido por Efe, no saber si debía defender a su cliente de «prevaricación activa u omisiva» porque «se sostiene al mismo tiempo que los acusados tuvieron un papel activo en el diseño del sistema de ayudas y que no hicieron nada cuando supieron que terceros habían diseñado el sistema». En la misma línea, censuró que las acusaciones hablen de un sistema «opaco pero al mismo tiempo digan que lo conocían todos», al acudir a la figura de una «pirámide invertida» en la que la cúspide es el director general de Trabajo que daba las ayudas por encima del cual, todos sus superiores jerárquicos conocían todo lo relacionado con ellas.
El papel de los «consejillos»
Martínez-Fresneda hizo hincapié en la falta de competencias decisorias de la reunión de viceconsejeros que presidía Zarrías, los «consejilllos», en relación a las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida de los ERE para limitarse a elevarlas al Consejo de Gobierno en un mero acto de tramitación. Subrayó además que por estos «consejillos» no pasó el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IDEA «que parece ser la clave del arco de esta historia» para pagar las ayudas a través de un ente instrumental y con ello eludir la fiscalización previa, según el fiscal y las acusaciones.