La juez investiga al alcalde de Palma, el ecosoberanista Antoni Noguera, por presunta prevaricación administrativa
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la juez Ana María San José, investiga al alcalde de Palma, el ecosoberanista de MÉS Antoni Noguera, por presunta prevaricación administrativa y/o urbanística en relación a una de las medidas adoptadas hace siete meses por el consistorio palmesano para limitar el alquiler turístico, en concreto, la prohibición de que se puedan alquilar viviendas plurifamiliares a turistas. Cabe recordar que los delitos de prevaricación implican inhabilitación en caso de ser confirmados, pero no pena de cárcel.
Según adelantó «El Confidencial» y ha podido confirmar este viernes ABC, la juez ha admitido recientemente a trámite la querella presentada el pasado mes de noviembre por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra Noguera. La actual condición judicial del alcalde en relación a este caso es, por ahora, la de querellado-investigado. Por tanto, dicha condición no es aún la de imputado o investigado en sentido estricto, si bien la juez ha abierto ya las primeras diligencias, ha ordenado la práctica de las primeras pruebas y se espera que cite en breve a Noguera en sede judicial.
Cabe recordar que en el presente mandato gobierna en el Ayuntamiento de Palma un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. En los dos primeros años de la actual legislatura el alcalde fue el socialista José Hila, que en junio de 2017 fue relevado por Noguera en cumplimiento de los acuerdos suscritos entre socialistas y ecosoberanistas tras los comicios municipales celebrados hace cuatro años.
En relación a la propuesta concreta que ahora ha supuesto la imputación del alcalde, fue aprobada en el pleno celebrado en julio del pasado año con los votos a favor de MÉS y Podemos, la abstención del PSOE y del PP, y el voto en contra de Cs. La propuesta originaria de prohibición del alquiler turístico en todos los pisos de la ciudad había sido presentada en su momento por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, con el aval de 6.076 firmas. Tras su validación en el citado pleno de julio, se convirtió en la primera iniciativa de carácter popular aprobada por el consistorio palmesano desde que fue introducida esta fórmula de participación de la ciudadanía.
Críticas a la oposición
La portavoz del PP en el consistorio palmesano, Marga Durán, ha señalado este viernes que «ante la gravedad de los hechos, entendemos que el señor Noguera no puede seguir como alcalde ni un minuto más». Para Durán, «Palma no merece que su máximo representante esté bajo investigación judicial». La portavoz popular ha anunciado que ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces, para conocer la postura del PSOE y de Podemos sobre la investigación abierta contra el alcalde. «Hace unos meses sostenían que —de ser imputado— debía dimitir», ha recalcado.
Por su parte, el portavoz de Cs en la corporación municipal, Josep Lluís Bauzá, ha señalado que «está claro que el señor Noguera debe dimitir». Bauzá ha recordado que en el mencionado pleno de julio del pasado año la formación naranja se había opuesto a la decisión de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, advirtiendo entonces al equipo de gobierno de que había «un derecho, que era la propiedad» que no se estaba respetando. El portavoz de Cs también ha criticado que el equipo de gobierno aprobase la hoy controvertida propuesta tomando como referencia informes basados en datos de 2001.
En el mismo sentido crítico se ha expresado el candidato de Vox a la Alcaldía de Palma, Fulgencio Coll. A su juicio, el código ético firmado al inicio del actual mandato por los integrantes del tripatito obligaría al alcalde a presentar su dimisión. «Los códigos éticos están para cumplirse y no sólo para exigirlos cuando uno está en la oposición», ha añadido. «Lo que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica», ha remarcado igualmente.
Finalmente, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Palma han explicado a ABC que la propuesta validada en julio del pasado año se aprobó «pensando sólo en el interés general para regular el alquiler turístico», por lo que no habría sido una decisión «arbitraria». Dichas fuentes han negado que se trate de un presunto «caso de corrupción», ya que la querella presentada habría sido motivada «sólo por decisiones administrativas».