En Ciudadanos puede castigarse antes la proyección de la desconfianza interna que la ejecución de un fraude electoral. Diez días después de que la Comisión de Garantías y Valores del partido forzase al Comité Ejecutivo a corregir la «incidencia» en las primarias regionales en Castilla y León, continúa sin conocerse quién estuvo detrás del pucherazo ni a qué posibles sanciones se enfrenta.
El pasado 10 de marzo el diputado Francisco Igea denunció presuntas irregularidades en la victoria de su principal rival a ser candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Silvia Clemente, expopular recién fichada y apuesta del aparato, se había impuesto al responsable de Sanidad de la formación por un estrecho margen de 35 votos y con concentraciones de votaciones a altas horas de la madrugada. La Comisión de Garantías atendió la queja de Igea y resolvió que Clemente había recibido 82 votos fraudulentos que no correspondían a ningún afiliado.
El caso sembró la duda en distintos procesos electorales internos y numerosos afiliados se lanzaron a reclamar con la esperanza de que la detección de nuevas irregularidades les aupase al estrellato. No fue así. La Comisión de Garantías resolvió ante el resto de reclamaciones que el proceso había sido limpio, aunque algunos de los implicados no se dieron por satisfechos y exigieron incluso auditorías externas que despejasen todo asomo de duda.
Ahora, las denuncias pueden volverse en su contra. En un partido que promueve en el Congreso de los Diputados para proteger a los denunciantes de corrupción puede salir muy caro acudir a los medios de comunicación a lanzar piedras sobre el propio tejado.
La Comisión de Garantías del partido da por zanjadas todas las denuncias surgidas tras el pucherazo en Castilla y León, pero va un paso más allá. En un informe al que ha tenido acceso ABC y que está fechado el pasado martes 19 de marzo, la Comisión de Garantías advierte de que ha trasladado las actuaciones de ciertos denunciantes a la Comisión del Régimen Disciplinario de la formación para que estudie posibles sanciones por «crear una situación anómala y perjudicial» para los intereses de Cs.
En las conclusiones que recoge la Comisión de Garantías se contempla la posible vulneración del artículo 12 de los Estatutos del partido por la «publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación» que haya podido dañar la imagen del partido.
En concreto, el referido artículo señala como falta «muy grave» aquellas «manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados, así como la creación o participación en grupos organizados que sean contrarios a los intereses del partido».
Este tipo de faltas pueden conllevar: la suspensión de la condición de afiliado de dos hasta cuatro años; la pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando; la inhabilitación para cargo orgánico del partido por el plazo de dos hasta cuatro años; o la expulsión.
Curiosamente, los Estatutos ven solo falta «grave» en «la utilización de los medios del partido a los que tenga acceso por razón de sus funciones para influir en procesos electorales internos, sea a favor o en contra de alguna candidatura». Es decir, hablar mal del partido tiene un castigo mayor que tratar de manipular unas primarias internas.
Por el momento, en cualquier caso, no se conoce ninguna resolución de la Comisión de Garantías a este respecto. La Ejecutiva se remite a esta cada vez que se le pregunta por la asunción de responsabilidades, y ningún informe que haya salido a la luz hace referencia al culpable ni a su posible castigo.
Las faltas «graves», según los Estatutos, pueden ser sancionadas con la suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis meses y dos años; la pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando durante el plazo establecido en el apartado anterior; o la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste durante el plazo establecido en los apartados anteriores.
