Organizaciones valoran que OIT solicite consulta indígena para reformar el SEIA
La Organización Internacional del Trabajo solicitó al Ejecutivo la realización de un proceso de consulta a los pueblos indígenas durante la tramitación del proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. "La reforma tiene particularidades especiales que solo pueden ser identificadas mediante la realización de un proceso de consulta", dijeron desde el Observatorio Ciudadano.
A través de un informe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones solicitó al Gobierno llevar a cabo un proceso de consulta indígena durante la tramitación del proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Esto, en medio del estancamiento en que se encuentra actualmente la iniciativa ingresada en junio del año pasado, relegada en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Una recomendación que, desde las asociaciones gremiales del país, fue rechazada, en particular por la Sofofa y el Consejo Minero, quienes indicaron a El Mercurio que iniciativas de este nivel son aplicables a todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico.
Sin embargo, en conversación con nuestro medio, distintas organizaciones ligadas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente, distaron de la opinión de las grandes corporaciones y felicitaron la recomendación hecha por la OIT.
Desde la fundación Terram, el abogado Ignacio Martínez indicó que la propuesta del organismo internacional viene en un gran momento y apunta, justamente, a uno de los puntos más polémicos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
“Dentro del SEIA existen distintos aspectos que pueden afectar a los pueblos indígenas, entre ellos, obviamente el tema de la consulta. Recordemos que está regulada la consulta. Y es más, hay que considerar que el sistema que se está reformando es uno de los aspectos en donde existe mayor conflictividad en materia de consulta indígena. Entonces nos parece del todo lógico que la OIT haya hecho esta petición”, dijo Martínez.
Por su parte, la abogada de la Fundación Geute Conservación Sur, Marcela Rey, sostuvo que el proceso de consulta indígena es fundamental para esta reforma. Además, comentó que este es un tema que, más allá de quedar plasmado en el reglamento, debiese quedar por escrito en la ley.
“Lo que nosotros pensamos es que obviamente sí debería haber consulta indígena respecto del proyecto de reforma del SEIA. Que eso sí debería quedar en la ley además, y no en el reglamento, como dice el Consejo Minero. Porque ellos dicen que debería quedar en el reglamento, pero este es un tema de derechos humanos. Obviamente eso debería quedar establecido en la ley a pesar de que tiene aplicación directa”, aclaró la abogada.
En concordancia con las otras organizaciones sociales y fundaciones consultadas, desde el Observatorio Ciudadano también se manifestaron respecto de la importancia de una consulta indígena, sobre todo luego de la polémica que ha generado el ítem de Participación Ciudadana Temprana del proyecto de ley.
Fue el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, quien, en conversación con Radio Universidad de Chile, resaltó los elementos que hacen necesario este proceso.
“La reforma del SEIA y de todos los aspectos relativos a la planificación ambiental de proyectos de inversión, particularmente cuando estos se emplazan en territorio indígena, tiene particularidades especiales que solo pueden ser identificadas mediante la realización de un proceso de consulta en el cual concurran las organizaciones indígenas que se encuentran o se han encontrado afectadas por la instalación de proyectos de inversión”, explicó Silva.
Por su parte, desde el Ministerio de Medio Ambiente señalaron al diario El Mercurio que, después de haber escuchado a más de 30 personas y organizaciones, se encuentran trabajando en indicaciones “que permitan cumplir con los objetivos del proyecto”, el que esperan cumpla su primer trámite este año.
Sin embargo, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara ven difícil la tramitación del proyecto, amenazando con rechazar la idea de legislar en la materia si es que no se realizan cambios a lo ya presentado por un Gobierno que, al menos en este momento, tiene como prioridad la realización del COP-25.