Uruguay adhiere al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1987.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este miércoles 26 un comunicado a través del cual recuerda que Uruguay incorporó a su legislación un instrumento internacional “fundamental” para la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, destinado a impedir actos de tortura en todo el territorio nacional uruguayo.
Asimismo, Uruguay es parte del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, instrumento que habilita un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Compromiso
En consonancia con el “firme compromiso asumido” por Uruguay en la lucha contra la tortura, nuestro país integra la “Iniciativa contra la Tortura liderada por Dinamarca, así como la Alianza Global establecida con el propósito de terminar con la comercialización de bienes utilizados para llevar a cabo la pena de muerte, la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En tal sentido, la Cancillería manifiesta que “prevenir este flagelo y adoptar medidas sistémicas contra aquellas prácticas que atentan contra la dignidad intrínseca del ser humano, y respetar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, implica fortalecer la democracia y el Estado de derecho”.
En la actualidad, “miles de personas en el mundo continúan siendo víctimas de esta práctica cruel, degradante e ilegal que afecta en mayor medida a los grupos más vulnerables, lo que obliga a continuar trabajando en conjunto con la comunidad internacional para lograr el pleno respeto a los derechos humanos”, expresa la secretaría de Estado.