Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del río Tajo, se encuentran actualmente al 22,8 por ciento de su capacidad, con 574 hectómetros cúbicos, a pocos días del 1 de agosto que es cuando la Comisión de Explotación del trasvase toma el dato de referencia. Hace un año por estas fechas, los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 692,631 hectómetros, el 27,99 por ciento de su capacidad. Esta es la triste realidad de la cabecera del Tajo mientras se siguen realizando trasvases ante la impotencia del Gobierno regional que este martes anunció un nuevo recurso, -el número 26 de los realizados por el Gobierno García-Page desde 2015-, correspondiente al mes de marzo pasado cuando se derivaron 38 hectómetros cúbicos al Levante.
Fue el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien explicó los motivos de este acuerdo del Consejo de Gobierno y reconoció que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando jurídicamente «fórmulas diferentes» para intentar que los tribunales den la razón a esta comunidad autónoma en materia de agua, de tal manera que no solo se apoyen en argumentos relacionados con la normativa del trasvase, sino en la normativa del agua.
Según dijo, el Gobierno de Castilla-La Mancha está en sintonía con el Gobierno de España trabajando en una política de agua «distinta», para dejar atrás el Memorándum «injusto» aprobado por el anterior Gobierno Central en el año 2013, al que culpó de la situación actual porque exige que los embalses estén en nivel 1 ó 2 «de manera prioritaria», es decir, el menor tiempo posible en nivel 3 ó 4, que es cuando albergan menos de 400 hectómetros cúbicos. «Se está incumpliendo la normativa vigente que obliga a priorizar también el buen estado de los embalses», dijo.
Con este Memorándum, según explicó, «en vez de priorizar a la cuenca cedente se priorizó en su momento a la cuenca receptora y nos obliga cada mes a recurrir un trasvase que perjudica los intereses de Castilla-La Mancha y de sus ciudadanos» porque «el anterior Gobierno central no tuvo en cuenta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni al Tajo, ni a los usuarios del agua que en nuestra Comunidad autónoma son fundamentalmente agricultores y ganaderos y los empresarios de la industria transformadora», lamentó.
Así, el recurso aprobado este martes se basa así en dos aspectos fundamentales, principalmente: que no se tiene en cuenta el criterio de prioridad de la cuenca cedente frente a la receptora y tampoco prioriza el buen estado de los embalses de cabecera del Tajo para que estén por encima de los 1.300 hectómetros cúbicos. En este sentido, recordó que en el Real Decreto 775/2014 se establece que el desembalse máximo de Entrepeñas y Buendía a la propia cuenca cedente, el Tajo, debe ser de 365 hectómetros cúbicos, una cantidad que es «a todas luces insuficiente para garantizar los usos de la cuenca cedente, que tiene que ser prioritaria y no garantiza caudal ecológico del río». Reiteró que hay que buscar una «solución de futuro», un trabajo «de Largo recorrido» que se hará de la mano con el Ministerio para la Transición Ecológica, para lo cual espera que se conforme en breve un nuevo Gobierno en Madrid y se derive «el mismo compromiso para avanzar en una política del agua distinta».
Plan del Tajo
Por otro lado, y en relación con el agua, Martínez Arroyo anunció que en el mes de septiembre saldrá a exposición pública el Plan del Tajo con los nuevos caudales ecológicos, momento en el que se podrán hacer las aportaciones correspondientes. Aquí, «esperamos unos caudales ecológicos muy superiores a los que establece la normativa vigente», dijo.
Estos caudales ecológicos, en cuanto estén en vigor, «van a imposibilidad el planteamiento trasvasista mensual basado en un Memorándum injusto que olvidó a Castilla-La Mancha y a la gente de Castilla-La Mancha», finalizó.
