El nuevo impuesto sobre los activos no productivos, más conocido como «impuesto al lujo» y que comienzan a pagar desde este año las empresas catalanas ha caído como un jarro de agua fría, otro, en el tejido empresarial de la comunidad. Quejosos por lo que consideran una presión fiscal excesiva -Cataluña lidera el escalafón de regiones con mayor carga e impuestos propios-, directivos y empresarios denuncian lo que es una nueva vuelta de tuerca sobre unas firmas que en los últimos años han visto como a toda la inestabilidad generada desde la política se ha sumado lo que ven como un «pressing» fiscal no razonable.
En este contexto, a la preocupación ya expresada por Fomento del Trabajo -tal y como ayer recogía ABC- se ha sumado la Cámara de Comercio de Barcelona, entidad que considera relevante la nueva imposición y ya ha encargado un análisis detallado a su servicio de estudios económicos, según se señalo a ABC.
«Carta de presentación»
En la misma línea, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, apunta que, al margen del escaso recorrido que tendrá el tributo -se estima una recaudación de unos 30 millones anuales-, lo «más preocupantes es que alimenta la imagen de Cataluña como zona de impuestos altos». «No es la mejor carta de presentación para intentar atraer inversiones», apunta Pich a ABC, que recuerda que Cataluña es la única comunidad española con un impuesto de este tipo.
La entidad Empresarios de Cataluña también se ha pronunciado en contra. «Cataluña ya tiene bastante presión fiscal, la más alta de España, no hace falta más», resume Carlos Rivadulla, presidente de la entidad, que exige al Govern que «gestione con más eficiencia el presupuesto y se centre en una gobernanza eficaz y no centrada en el proceso secesionista». En concreto, Rivadulla apunta que «es injusto fiscalizar el patrimonio y no la actividad ecónomica. En el fondo, se trata de una doble imposición».
El nuevo impuesto, fruto del acuerdo que permitió la investidura de Carles Puigdemont con el apoyo de la CUP, y que debe liquidarse antes de noviembre, genera también el rechazo de las empresas extranjeras con sede en Cataluña, particularmente las alemanas, las más numerosas y de larga tradición en la comunidad. Albert Peters, al frente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, se muestra comprensivo con las necesidad de generar más ingresos por parte de la administración autonómica, pero rechaza que esto caiga de nuevo sobre los hombros de las empresas.
«Necesitamos que la Generalitat se adapte a la realidad, no a sus necesidades», apunta Peters a este diario. En este sentido, Peters añade que «del mismo modo que la Generalitat graba ahora los activos improductivos, lo justo sería que se estableciese algún tipo de bonificación por ejemplo para las inversiones».
