Este año tampoco. La presidente de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, decidió no acudir ayer, y ya es el tercer año consecutivo, a presentar las cuentas de su organismo en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Galicia, donde durante toda la jornada acudieron los otros tres mandatarios principales a diseccionar sus presupuestos para el próximo ejercicio y a recibir la respuesta de los diferentes grupos políticos representados en la Cámara gallega. Cabe destacar que tanto el dirigente de la Deputación lucense, José Tome, como el de la coruñesa, Valentín González Formoso, son también del Partido Socialista, como la presidenta pontevedresa. El Partido Popular afirmó en boca de su diputado autonómico Alberto Pazos que Silva incumple con su «obligación legal de comparecer en el Parlamento» y denuncia «la imposición en la Diputación de la ley del silencio, más propia de organizaciones mafiosas que de instituciones democráticas», subrayó tras la incomparecencia ayer miércoles. Silva remitió una carta esta semana al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, explicando que «en atención al principio de autonomía local las entidades locales no están supeditadas a los Parlamentos autonómicos», remarcó. Así, la presidenta afirmó que las cuentas se presentarán en «el órgano ante el que hay que presentarlo, que es el Pleno provincial».
Por lo demás, el resto de mandatarios provinciales celebraron sus exposiciones presupuestarias y debate con total normalidad. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, afirmó que «incluso» los alcaldes del PP representados en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) votaron junto al resto de formaciones políticas para demandar al Gobierno de Feijóo que haga un reparto equitativo de los fondos de cooperación local. Tomé admitió que no tenía previsto durante su comparecencia entrar a censurar a su Ejecutivo y que lo hizo tras las críticas del diputado popular Daniel Vega, que acusó al ente provincial presidido por Tomé de falta de equidad en la utilización del Plan Único provincial de cooperación con los ayuntamientos. «Es el momento de que la Xunta reparta los fondos públicos en función de criterios objetivos eliminando la discrecionalidad», consideró Tomé.
Por su parte, el presidente de la Diputación de La Coruña, Valentín González Formoso, anunció que se llevará al pleno del próximo 21 de noviembre los presupuestos para 2020, que ascienden a un total de 184 millones de euros, un 0,22 por ciento más que los del año presente. La mayor parte de estas partidas se concentran en el Plan Único, dotado con 47,2 millones de euros que se destinarán a la financiación de obras y servicios públicos en los 93 municipios de la provincia coruñesa. Formoso también fue crítico con la Xunta por la falta de ayuda económica a las entidades locales, a quienes «atribuye numerosas competencias» sin que éstas vayan acompañadas de financiación.
Turno de Baltar
El presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar, sacó pecho de haber aprobado los presupuestos para el año 2020 en la fecha prometida hace un año durante su última comparecencia en la Cámara. Baltar puso el acento en que, «un año más», la Diputación fue la «primera» institución en dar luz verde a sus presupuestos para el siguiente ejercicio, y puso fecha a la aprobación de las del 2021. La oposición en el Parlamento de Galicia afeó a Baltar el «pacto de la vergüenza», en referencia al acuerdo por el que Gonzalo Pérez Jácome accedió a la alcaldía de Orense a cambio de que garantizase, con los votos de Democracia Ourensana, que el PP mantuviese la presidencia de la Diputación.
