La Unió de Periodistes Valencians ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia la «desproporcionalidad» del baremo que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha pactado con los sindicatos para valorar la experiencia en las futuras pruebas de acceso a À Punt.
Según la Unió, este baremo «agrava la desigualdad entre los extrabajadores de RTVV y el resto de profesionales», ya que la primera configuración de la plantilla acogió a «más del 75% de trabajadores provenientes de RTVV».
Desde la organización han remarcado que esta «desigualdad» fue avalada por la Audiencia Nacional para establecer el acceso a la bolsa provisional como «situación de excepcionalidad» tras la apertura de la nueva televisión pública valenciana, y han denunciado que estas causas «ya no se dan».
«Por este motivo, esperábamos, y así se habló con sindicatos y Consejo Rector, un baremo más proporcional y justo para garantizar que toda la profesión periodística valenciana tendrá una oportunidad de optar a una plaza en À Punt», ha explicado la Unió de Periodistes en el comunicado.
La Unió ha denunciado que esta propuesta final de baremo «nada tiene que ver con un primer borrador que sí que empezaba a reducir la diferencia de puntuación entre los trabajadores de RTVV y À Punt y el resto de periodistas».
«Esperamos una corrección del baremo en la próxima Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat, donde están representados Consell y sindicatos. Si finalmente no hay una rectificación del baremo, estudiaremos las medidas oportunas para evitar una situación todavía más injusta que la planteada hasta ahora», ha insistido la Unió de Periodistes.
Por otra parte, ha reconocido que «es lógico que la máxima puntuación sea para los trabajadores que ya ocupan una plaza en À Punt», lo que no debe implicar una diferencia de trato «desmesurada», ya que, según ha matizado, los periodistas del sector privado recibirán «el 50% de la puntuación de los mejores valorados».
Además, ha remarcado que estas diferencias ya fueron cuestionadas por los partidos políticos en la pasada legislatura.
