Hoy se celebra el 41 aniversario de la
Constitución Española, nuestra Carta Magna, la de todos. Esa que, también hay que decirlo, tanto molesta a los nuevos «progres».
Hoy todos los medios recogen artículos de opinión así como la diversidad de actos que tienen lugar a lo largo de toda la geografía española, para celebrar los 41 años de vida de ese hito histórico, la Transición, cuyo éxito consistió en poner de acuerdo a todos los políticos, para así escribir las mejores líneas en las hojas de nuestra historia.
Hoy por desgracia, los que nos dedicamos a la política, y que deberíamos ser continuistas de este acuerdo, que es el alma de nuestra democracia, tenemos compañeros de escaño que reniegan de la Constitución y literalmente la quieren «rajar», destruir o desdeñar por intereses que no dejan de ser únicamente personales y que no representan ninguna mejora para los ciudadanos a los que se supone que representan.
Hoy, amigos lectores, quiero dedicar esta columna de opinión para recordarles algunos artículos de nuestra Constitución, pero me voy a permitir hacerlo de una forma distinta, irónica y poco habitual; si me permiten, buscando el nexo de unión con algunos titulares de medios en la víspera de este 41 aniversario, es decir, titulares de medios del 5 de diciembre de 2019, que se refieren a algunos de esos partidos políticos que hoy quieren acabar con los preceptos de nuestra carga magna.
Permítanme desde aquí un tono irónico.
ABC ayer, nos cuenta algo del artículo 120.1 de la Constitución, en donde se habla de que «las actuaciones judiciales serán públicas», y que viene a explicar por qué un jurista, como el abogado de Podemos, provoca un «cisma por negarse a tapar los sobresueldos»: porque lo quería hacer «público» y no se lo iban a permitir.
El artículo 39.1 indica que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Por eso pudimos leer en Ok Diario que «Las empresas de la familia de Ximo Puig se llevaron 200.000 euros públicos inventándose empleos falsos»: quería el Presidente Puig proteger la economía de su familia. Como marca la Constitución, claro.
También en los medios de ayer leímos, concretamente en El Confidencial, que «El caso UGT carga más la mochila política de Susana Díaz tras los ERE», haciendo una clara referencia al artículo 7, que dictamina que «los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Por eso la dirección de UGT desviaba el dinero que le daba la Junta de Andalucía para dárselo a los propios y que volvieran a votar al PSOE. No son unos chorizos, sólo cumplían con la constitución.
Acerca del derecho de reunión, nuestra Constitución es muy clara. En el artículo 21.1 «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas». Y lo aclara aún más el artículo 21.2, que establece que «las reuniones en lugares públicos podrán ser prohibidas cuando existan razones fundadas para el peligro de las personas o bienes», y esta última parte es la que justifica claramente la columna de ayer de Almudena Negro en La Razón, en donde leemos como «La izquierda en Madrid pretende prohibir el derecho de reunión de las organizaciones pro vida». Porque claro, estas reuniones atentan contra las personas feministas y sectarias de la izquierda progre en nuestro país.
Podría amigos lectores continuar repasando la actualidad y sus vínculos con nuestra Constitución con titulares como «Los purgados en Podemos investigaban sobresueldos, contratos a dedo y pucherazos» en El Confidencial, o «La subida de impuestos a empresas de la coalición PSOE-Podemos restaría medio punto del PIB» en El Español y que los padres de la Constitución también referenciaron en ese maravilloso documento propiedad de todos los españoles. Pero no voy a seguir para que puedan disfrutar de la festividad de la Constitución que hoy celebramos todos, y que también celebran los que quieren acabar con ella.
