El juez belga que tiene que decidir sobre la pertinencia de la orden europea de detención que pesa sobre el expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, optará probablemente por un nuevo retraso en la sesión prevista para el próximo día 16 de diciembre.
Los abogados del expresidente de la Generalitat y ahora huido de la Justicia piensan alegar que sería razonable esperar a saber antes la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial que afecta a la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, condenado en España por sedición, pero que se había presentado a las elecciones europeas estando en la cárcel.
El equipo que defiende a Puigdemont no tiene intención de pedir formalmente un nuevo aplazamiento, puesto que ya les había sido concedido uno el mes pasado ante su queja de que no habían tenido tiempo de preparar la defensa, sino que esperan que al invocar que tres días después está previsto que se publique una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que puede afectar a su defendido, el juez tomará probablemente la decisión sobre esperar a conocerla.
Los abogados del fugado dicen saber que la Fiscalía —que teóricamente defiende las posiciones de la justicia española— no se opondría a un aplazamiento en este caso.
El momento
La sentencia de la que se habla es la del Tribunal de Luxemburgo ante la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre si Oriol Junqueras gozaba o no de inmunidad desde el momento en que fue proclamado como candidato electo por la Junta Electoral al anunciar los resultados de la votación o si esa inmunidad solo empezaba a ser tenida en cuenta desde el momento en el que el candidato asumía plenamente su condición de eurodiputado, cosa que no sucedió porque el interesado no fue autorizado a salir de la cárcel para jurar la Constitución.
El abogado general ya emitió su opinión diciendo que era partidario de aplicar la inmunidad desde el momento de la proclamación de resultados, pero al mismo tiempo aconsejaba a los jueces no contestar al requerimiento porque la situación ya era irreversible y Junqueras fue condenado posteriormente con una pena que conlleva inhabilitación para cargos públicos.
Si los jueces decidieran asumir las tesis del abogado general, los abogados de Puigdemont tienen la intención de reclamar para él la inmunidad parlamentaria, porque él también se presentó a las elecciones europeas y obtuvo votos suficientes para ser elegido.
Por otra parte, la portavoz de JpC en el Congreso, Laura Borràs, aseguró ayer que no se ha embolsado «ni un céntimo de dinero público» después de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Supremo abrirle una investigación por las presuntas irregularidades en 18 contratos cuando estaba al frente de la Institución de les Letras Catalanas (ILC). «Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad, han hecho el trabajo bien hecho», indicó
