El «pin parental» lleva camino de convertirse en el término del año. En Madrid, Vox lo ha fijado como su prioridad y amenaza con no aprobar los presupuestos regionales si no se incluye. Desde el Gobierno de Madrid, donde cohabitan PP y Cs, se evita el término aunque se ofrecen alternativas que recogen su filosofía. Y de nuevo hay matices entre los socios de Gobierno: el PP recuerda que ya está trabajándose en una instrucción para que los centros informen antes del inicio de curso de sus charlas y talleres para que los padres decidan, aunque no quiere llamar a esto «pin parental». Y Ciudadanos asegura que este concepto «no está en nuestra agenda».
La portavoz de Vox en la Comunidad madrileña, Rocío Monasterio, planteó el «pin parental» desde el inicio de las negociaciones para el Gobierno autonómico. De hecho, figura con tal nombre en el primer documento que se cruzó con Díaz Ayuso: un «pin parental» para que «los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones». Lo relacionaban allí a la derogación de algunos artículos de la Ley de Identidad de Género y de la Ley contra la LGTBIfobia.
Pero en el acuerdo de investidura que finalmente se firmó con el PP, recordaban ayer desde la consejería de Educación, «en ningún mometo cita la creación de ningún pin». Sí se recoge, no obstante, medidas para que los hijos reciban formación de acuerdo a sus convicciones morales: por un lado, reza el acuerdo que «se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos». Y, por otro, se dice que «se respetará la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos del ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española».
Egea no lo nombra
La filosofía de este compromiso fue recogida por la presidenta Díaz Ayuso en su discurso de investidura, el 13 de agosto de 2019: habló de la obligación de los centros escolares sostenidos con fondos públicos de anunciar «su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción», lo que «incluirá su proyecto educativo, así como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas que se programen para el año siguiente». Es similar a lo que ya se aplica en Murcia, aunque también allí el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, evitó llamarlo «pin parental», y lo definió como «autorización para que los padres puedan elegir a qué charlas extracurriculares llevan a sus hijos».
Los populares recuerdan que en los acuerdos de Ayuso con Monasterio «no se cita ningún pin»
La consejería de Educación, que dirige Enrique Ossorio, trabaja «desde hace meses» en la elaboración de las instrucciones que se enviarán a los centros educativos para poner en marcha esta iniciativa el próximo curso. No obstante, Ossorio se mostraba ayer «abierto» a analizar las propuestas de Vox «si mejoran» las que ellos plantean y «si su propuesta es legal, respetuosa con la autoridad del profesor, con la autonomía de los centros y con que los alumnos aprendan el currículum».
«Intromisión»
En Sol consideran que la petición del «pin» abre una polémica «innecesaria», pues la libertad educativa «está asegurada en la región». Por otro lado, el pin «podría ser una intromisión en la labor del profesor», dicen. En octubre de 2019, se registró una denuncia de la Junta de Personal contra la web Hazte Oír por el reparto de folletos relacionados con el «pin parental» y el «adoctrinamiento de género», pero no ha habido niguna queja sobre posible adoctrinamiento en las aulas, indican en el Ejecutivo.
El vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), por su parte, rechazó que el «pin» se introduzca en Madrid. En su acuerdo con el PP de 155 medidas para gobernar, se incluye (punto 17) garantizar «la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española». Este es su límite. Y a Vox le propone que al negociar los presupuestos hablen «de partidas», y «no de asuntos legislativos».
