Que la justicia atraviesa un momento delicado es una realidad. A la imagen de politización que sobrevuela el Consejo General del Poder Judicial y, por extensión, a los nombramientos que este órgano aprueba, se suma una campaña de desprestigio de los tribunales españoles por parte de quien tiene la obligación de defenderlos dentro y fuera de nuestras fronteras. Declaraciones que atribuyen a la Fiscalía una dependencia jerárquica con el Ejecutivo, la anunciada intención de «desjudicializar» la política y la designación de una fiscal general que aterriza directamente desde el Gobierno de Nación no ayudan precisamente a fortalecer la imagen de independencia del Ministerio Público. Ahora, ante el anuncio del nuevo modelo procesal que pretende dar al fiscal la investigación penal en detrimento del juez instructor, la Fiscalía se juega su propio prestigio. Seis juristas analizan con ABC la situación de la justicia.
«La coincidencia de la propuesta de nombramiento de la fiscal general del Estado y el anuncio de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar la instrucción al Ministerio Fiscal es un contrasentido. Si los fiscales asumen la instrucción, serán ellos quienes filtren y mediaticen qué se investiga y qué y quién puede llegar a ser juzgado. Si quien dirige en su más alto nivel el Ministerio Fiscal no reúne las necesarias condiciones de apariencia de imparcialidad, no cabrá después sorprenderse por la falta de confianza de los ciudadanos en cuanto a qué y a quién se juzga y a quién no», reflexiona Mario Macías. Este magistrado en excedencia, abogado y vocal del CGPJ fue uno de los que suscribió el duro voto particular que consideró que Delgado no era idónea para el cargo de fiscal general. «No reúne las más mínimas condiciones para aparentar imparcialidad y neutralidad o alteridad respecto del gobierno» insiste.La pasividad del Gobierno de Sánchez ante los ataques a la justicia española indignan a los expertos
Macías se muestra «preocupado» ante la «deriva» del nuevo gobierno de coalición. «Su radical negativa a replantearse el sistema de nombramiento de los vocales de origen judicial; el anuncio de los Consejos Territoriales de Justicia, que van a introducir el riesgo de politización hasta en los asuntos de gobierno judicial más domésticos; o la amenaza de acabar con el sistema de oposición para la recluta de jueces y fiscales, pese a haberse revelado como un sistema socialmente justo y equitativo, son advertencias claras del riesgo de involución», dice.
Campaña nacionalista
Precisamente al órgano del que Macías forma parte se refiere el catedrático Roberto Blanco, quien considera que cuestiones como la influencia política en los nombramientos del fiscal general o del CGPJ o la «vergonzosa campaña política montada por el nacionalismo catalán y sus amigos políticos contra nuestros jueces» daña la imagen que los españoles tenemos de la justicia. «El Gobierno no sólo no ha combatido como debiera estas falsedades, sino que o ha guardado silencio o ha hecho declaraciones como las recientes del vicepresidente Pablo Iglesias que serían sencillamente incomprensibles en cualquier democracia de nuestro entorno».
A su juicio, «nombrar a una fiscal que salta a ese puesto desde un Ministerio y desde un escaño del Congreso es algo tan insólito y al tiempo tan nocivo que sólo cabe imaginar tal forma de actuar en un Ejecutivo que tiene tan poco aprecio y respeto como el actual por el sistema de equilibrio de poderes característico de una democracia moderna».
Coincide con lo desacertado de este nombramiento Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera. «Quien ha desempeñado funciones de gran relevancia en el Gobierno, viene de ejercer la política y de realizar una campaña electoral en favor de un partido daña la imagen de la independencia», apunta. Por eso considera tan importante, y más ahora, ante la reforma anunciada por el ministro Campo, que se «blinde» la independencia del fiscal y «se impida todo intento de injerencia del Gobierno mediante la reforma del Estatuto Fiscal», con cuestiones como establecer que el mandato del fiscal general no coincida con el del Ejecutivo que lo propone, que no cese cuando lo haga ese gobierno, atribuir al Consejo Fiscal mayor relevancia como «verdadero contrapeso» al poder del fiscal general o reforzar los mecanismos de discrepancia en la carrera... Dexeus comparte que estamos en un «momento difícil, complicado», porque «desde el poder político se realizan, interesadamente o por desconocimiento, afirmaciones que empañan la imagen de la justicia y la independencia de la Fiscalía».Ven desacertado el momento en el que se anuncia la reforma que deja la instrucción en manos del fiscal
Para el catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos, un poder judicial «mediatizado por los partidos políticos debe preocupar, y mucho, pues es una perversión de la división de poderes que exige la Constitución». Ramos tilda de «lacra», por su «contaminación ideológica política», el sistema de elección del CGPJ, y aboga por un sistema de nombramiento «políticamente neutral» para evitar precisamente esa «mediatización política de los altos niveles de la magistratura». A su juicio, el nombramiento de la fiscal general del Estado ha sido «antiestético y sospechoso de ocultar el pago de una deuda vinculada a la moción de censura y/o a compromisos de futuro, pues la misma ministra que propuso el nombramiento de la señora Segarra le quita el sillón al dejar de ser ministra».
Abunda en la imagen de esa sospecha en el nombramiento de altos cargos judiciales el magistrado Santiago Pedraz, decano de los jueces de la Audiencia Nacional. «Sin dudar de que los nombramientos no desmerecen a los nombrados, pues cuentan con suficientes méritos, ya es pacífico en la carrera judicial pensar que no se nombra al mejor, sino al más adecuado», dice. «Lo curioso es que el más adecuado luego no actúa como se preveía, con lo que el político al final no consigue lo que buscaba. Un absurdo».
Critica este juez de instrucción el intento de politizar el Consejo General del Poder Judicial. «Es muy bonito decir que la legitimidad democrática reside en el Parlamento para el nombramiento del Consejo, pero la experiencia demuestra que es absurdo y fuera de toda lógica democrática que en un Estado de Derecho no se renueve este. A su juicio lo que subyace en esta negativa es la intención de controlarlo». Sobre el nombramiento de Delgado, Pedraz recuerda que «no hay previsión normativa que prohíba que pueda aterrizar directamente desde el Ejecutivo».El paso al modelo en el que el fiscal instruye requerirá reforzar su estatuto para «blindarlo» ante el Ejecutivo
Los juristas mayoritariamente están de acuerdo con el modelo procesal que deja en manos del fiscal la instrucción penal, en consonancia con los países de nuestro entorno. El fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, antaño fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, considera esta reforma es «absolutamente necesaria». «Aunque pueda parecer que este no es el mejor momento para un cambio estructural de este calibre, me gustaría que se llevara a buen término». Cree que con unos «pequeños retoques» normativos en el Estatuto y un refuerzo de los medios sería suficiente.
Revisión con lupa
Todos coinciden con el necesario blindaje de la Fiscalía de forma que no haya vínculo alguno con el Ejecutivo. Recuerdan que es una reforma estructural que llevará muchos años y que además de revisar con lupa en estatuto fiscal, conllevará la revisión de plantillas. «Si el fiscal instruye tendrá que ampliarse mucho su plantilla y transferir los funcionarios de los juzgados de instrucción a sus respectivas fiscalías. «El problema será qué se va a hacer con los jueces de instrucción. Lógicamente unos pocos serán los jueces de garantías (todas las medidas que afectan a los derechos fundamentales las deben acordar ellos), pero ¿qué pasará con el resto?», se pregunta Pedraz.En el nuevo sistema serán necesarios más fiscales y menos jueces de instrucción: habrá que revisar plantillas
El magistrado Macías y la fiscal Dexeus creen que la solución puede estar en una «reconversión» de jueces a fiscales arbitrando un sistema de «pasarelas». Pero eso ya es objeto de otro debate.
Desembarco inminente en la Fiscalía General
Aunque han pasado varias semanas desde que el Gobierno hizo pública la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general, no será hasta la semana que viene cuando la exministra de Justicia se instale en el Ministerio Público. Lo hará después de que el Consejo de Ministros acuerde su nombramiento una vez pasado el examen de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (donde consiguió un ajustado aval de 12 votos frente a siete) y el de la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció el jueves. Más comedida y enfundada ya en su nueva responsabilidad, Delgado tendrá que abstenerse en un buen número de procedimientos judiciales. Según dijo, lo verá «caso a caso».
