Los gobiernos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Portugal y Suecia publicaron ayer un comunicado en el que afirman estar «profundamente preocupados» por el carácter de algunas medidas extraordinarias tomadas por Hungría para combatir la epidemia. Aunque afirman que es «legítimo» hacer frente con medidas extraordinarias a esta «situación sin precedentes» ni mencionan directamente al primer ministro húngaro Viktor Orban, se entiende que se refieren a lo que se acaba de aprobar en el parlamento de Budapest y hablan «del riesgo de violación de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales».
La situación planteada por Orban es tan tensa que el presidente del Partido Popular Europeo, el ex presidente del Consejo, Donald Tusk, se ha dirigido a los dirigentes de todos los partidos nacionales para estudiar la posibilidad de expulsarlo. En su carta, Tusk les dice que «muchos de vosotros, aunque criticasteis al primer ministro Orbán por sus decisiones, no estuvisteis de acuerdo en expulsar a Fidesz de nuestra familia política. Pronto llegará el momento de que tengáis que reconsiderar vuestra posición». Orban, por su parte, se ha dirigido a la actual líder de la CDU alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, para que le defienda de las críticas de Tusk.
