Política de hechos consumados. El Gobierno sigue actuando por libre para luchar contra el coronavirus, también en el terreno económico. Primero interviene el mercado de trabajo y prohíbe despedir, sin avisar a los empleadores, paraliza España ignorando a las industrias y ahora requisa los fondos que pagan empresarios y trabajadores y que se destinan a las comunidades autónomas para formar a los parados y encuentren de esta forma más fácil un puesto de trabajo. 2.400 millones que ahora se centralizan y que servirán para pagar la abultada factura del desempleo tras la avalancha de ERTE y despidos, que ya enfilan la cifra de parados hacia los cinco millones. Esta factura se deberá abonar el 10 de abril.
Las organizaciones empresariales estaban ayer desconcertadas; las comunidades autónomas, también, por una decisión que supone un jarro de agua fría y detraer fondos a las regiones para cuando se venza la pandemia y sea momento de revitalizar el empleo. Estos fondos son claves para las regiones, pero especialmente para algunas como la andaluza, con los mayores índices de paro. Se queda sin 430 millones.
La decisión de requisar los fondos de formación fue conocido por empresarios en el BOE que ayer publicó el nuevo decreto del Gobierno, y comunicada por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a las regiones en la Conferencia Sectorial, en la que se acordó repartir 1.048 millones para políticas activas de empleo. Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Murcia fueron algunas de las autonomías que rechazaron de plano la confiscación .
El malestar entre los gobiernos regionales se canalizó en una carta enviada a Díaz. En el caso de Madrid su consejero de Empleo, Manuel Giménez, remitió una misiva a la titular de Podemos en la que rechaza una medida, que detrae 139,5 millones a Madrid, montante utilizado cada año para mejorar la cualificación profesional de 95.000 madrileños.
Dice Madrid en su carta que el Gobierno «reduce los derechos de los trabajadores y elimina la posibilidad de mejorar su cualificación, impidiendo que se mantenga el empleo». La comunidad entiende y apoya la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo en esta situación, «pero no a costa de descapitalizar gravemente la fuerza laboral, restando cualificación y, por tanto, competitividad, a los trabajadores madrileños y de todo el país». Denuncia que esta decisión supone una merma de derechos de los trabajadores madrileños, que ya han pagado por estas políticas activas a través de la cuota de formación que abonan con su nómina mensual y que no van a poder disponer de ellas «en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar su cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo».
La Generalitat de Cataluña cifra en 215 millones la cantidad que dejará de percibir en concepto de fondos destinados a políticas de empleo. Para el Ejecutivo catalán, el Gobierno ha actuado con «deslealtad institucional». El bloque de esta cantidad provocará que Cataluña dedique 173 millones a fomentar la ocupación, un 55% menos que el pasado año. «Para mitigar los efectos del Covid-19 no vale la deslealtad institucional ni debilitar los servicios públicos de Cataluña y de las comunidades autónomas que deberán gestionar la poscrisis sanitaria», aseguró el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, informa Àlex Gubern.
Déficit disparado
Ello se debe al escaso margen fiscal disponible, tras desaprovechar 2019 para mejorarlo. El Ejecutivo incumplió el objetivo de déficit y este aumentó el año pasado en 2.700 millones, al subir del 2,5% del PIB de 2018 al 2,6%, según Hacienda. Ello supone 8.000 millones más que el 2% al que se comprometió el Gobierno ante la Comisión Europea y el primer alza desde la crisis. El Gobierno elevó el gasto con medidas como los viernes sociales antes de las elecciones de abril o la revalorización de pensiones y sueldos públicos.
De hecho, la Administración central cerró con un déficit de 13.896 millones de euros (un 1,1% del PIB), 4.000 millones más de lo que apalabró con Bruselas (un 0,8% del PIB). Llama la atención que el mismo Estado incumpla sus previsiones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afeó a su predecesor, Cristóbal Montoro, cuando era consejera del ramo en Andalucía, que el objetivo de déficit del Estado fuera de 0,4% del PIB en lugar del 0,7% en 2018.
Dos años después, el desequilibrio del Estado sigue muy por encima de estos niveles. Ante la recesión y las medidas adoptadas, este año el déficit se disparará a niveles mayores. Funcas prevé que se irá al 5,5% del PIB; Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino auguran que superará el 6% mientras que Fremarket cree que «en el mejor de los casos» será del 10,5%.
