Las revelaciones a ABC de un mosso d’Esquadra que pertenecía a la escolta de Carles Puigdemont son una prueba directa de la malversación cometida por el expresidente catalán para asegurarse una guardia de fieles a su alrededor. El testimonio del policía autonómico a ABC es un relato pormenorizado con nombres y apellidos, fechas, lugares y motivos de todo un entramado de seguridad montado con dinero público en torno a un prófugo de la Justicia. Si el «3 por ciento» que Pasqual Maragall espetó a Artur Mas en la cara era conocido por las clases dirigentes, políticas y sociales, de Cataluña, no menos evidente ha tenido que ser la creación de esta «policía patriótica» formada por independentistas serviles y de otras iniciativas similares de complicidad con el separatismo. Los datos revelados por quien perteneció al selecto grupo de elegidos por hombres de confianza de Puigdemont serían suficientes para ampliar los cargos contra el prófugo expresidente por malversación de caudales públicos. Puigdemont está pendiente de que la Eurocámara resuelva el suplicatorio solicitado contra él por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo magistrado Pablo Llarena lo procesó por rebelión y malversación. Esta información desvela el nivel de degradación al que llegó la administración autonómica catalana para ser una pura y simple herramienta del proceso unilateral separatista. Medios humanos y materiales de los Mossos fueron puestos al servicio de Puigdemont para facilitarle, primero, su liderazgo en el proceso independentista sin tener que dar cuenta a la Consejería de Interior; y para ejecutar sin problema, después, la fuga de España con destino a Waterloo; fuga en la que permanece hasta que sea sentado en el banquillo de la Sala Segunda del Alto Tribunal o sea beneficiado por el Gobierno de Sánchez. Esa estructura de protección y encubrimiento sigue en la actualidad bajo el manto protector del -quizá por pocos días- presidente Torra, tan corresponsable como aquel de financiar una huida de la Justicia española.
Esta situación debería recibir del Gobierno central una respuesta que ni está, ni se la espera, porque el Gobierno central es un socio de oportunidad de la misma organización política creada por partidos políticos y grupos sociales para la ruptura de España con la independencia de Cataluña. Es insostenible para la continuidad del Estado que el Gobierno que lo dirige esté aliado con sus enemigos, pero esta es la realidad. La respuesta de los socialistas es una diligente tramitación de los indultos, anunciada incluso en un pleno de control parlamentario, y el anuncio de una reforma urgente del delito de sedición para que Junqueras salga de prisión y Puigdemont no entre en ella.
