El jefe policial de Marlaska dice que se enteró del caso Gali por los periodistas y blinda al ministro
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha negado haber tenido participación alguna en la operación encubierta que desplegó el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril del año pasado.
Ante el juez que investiga este caso por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento, el DAO ha dicho que se enteró de la operación por los periódicos. La versión del desconocimiento cortocircuita la línea de investigación del juez Rafael Lasala en el Ministerio del Interior y blinda al ministro Fernando Grande-Marlaska.
El DAO es el máximo mando operativo de la Policía. Está justo debajo del director general de la Policía. Por tanto, forma parte del cuadro de mando de la cúpula del Ministerio del Interior.
González Jiménez ha tenido que comparecer ante el juez después de lo que declaró el comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro. Reconoció que él sí tuvo conocimiento de esa entrada furtiva poco antes de que se produjera. Le dijo al juez que lo supo a través de un confidente y que se lo comunicó al DAO. A donde no llegó la información fue a la Audiencia Nacional, que llevaba meses buscando a Gali porque estaba incurso en varias causas penales, por los delitos –entre otros– de terrorismo, torturas y genocidio.
En vez de identificar al líder del Polisario y ponerlo a disposición de la Justicia, la Policía desplegó un operativo para darle cobertura de seguridad y vigilancia durante el traslado desde la Base Aérea de Zaragoza –donde aterrizó procedente de Argelia– hasta el hospital de Logroño en el que fue ingresado con identidad falsa. Ese dispositivo de agentes de Interior se mantuvo también en el propio hospital.
Protegieron a Gali en vez de identificarlo
Preguntado por esta cobertura, el DAO le ha dicho al juez Lasala que él no sabía nada, que el dispositivo lo habría dispuesto por su cuenta el comisario general de Información y que ni siquiera sabía que el encubierto era Brahim Gali. Es decir, según la versión dada por el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, se desplegó un dispositivo de seguridad para un líder del Polisario a sabiendas de que había entrado furtivamente y sin identificarlo ni comunicarlo a las autoridades judiciales.
Según el jefe policial de Marlaska, cuando Pereiro le llamó no le dijo que el que iba a entrar furtivamente en España era Brahim Gali sino un líder del Frente Polisario, sin especificar que era su máximo responsable. El DAO le ha dicho al juez que no le dio mayor importancia al asunto, que no se lo comunicó ni a su superior ni a ningún otro responsable, que tampoco dio orden alguna al respecto y que por eso se enteró de que era Gali cuando el caso lo destaparon los medios de comunicación, el 23 de abril, cuando Gali ya llevaba cinco días en España. Fue introducido furtivamente por el Gobierno el 18 de abril, de acuerdo con las autoridades argelinas.
El abogado que ejerce la acusación popular y que promovió esta investigación judicial, Antonio Urdiales, ha calificado de totalmente inverosímil esta versión que sostiene el DAO y ha anunciado que va a solicitar nuevas testificales para indagar en la participación que tuvo Interior en el caso Gali.
Junto al DAO compareció este lunes ante el juez Lasala el inspector jefe que identificó a Gali en el hospital de Logroño. Lo hizo días después de que el caso trascendiera por los periodistas. Ese inspector intervino por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llevaba meses intentando que la Policía localizara a Gali para que respondiera por la causa penal abierta contra él.
A tenor de lo dicho por ese inspector, el líder del Polisario no fue identificado hasta el 5 de mayo, doce días después de que su presencia fuera hecha pública por los medios de comunicación.
Entrada clandestina
Gali entró en España sin pasar los controles de pasaporte, sin ser identificado, provisto de documentación falsa, con nombre ficticio y con cobertura militar y policial. Y todo eso a pesar de que tenía causas penales abiertas en España, por las que se le buscaba desde hacía tiempo y por las que en ese mismo momento pesaba una orden de localización dictada por la Audiencia Nacional. La Policía tenía encomendada su localización y puesta a disposición del juzgado. Pero cuando la cúpula policial de Interior supo que Gali llegaba a España de forma furtiva, no lo comunicó a las autoridades judiciales.
De ahí que una de las líneas principales de investigación en la que está profundizando el juez instructor del caso Gali es en la rama de Interior. Es decir, en la participación directa que tuvo en esta operación el Ministerio que dirige el exjuez Fernando Grande-Marlaska. La investigación del magistrado Lasala se ha topado con una insistente estrategia del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, para no facilitar datos y documentación esenciales que ha reclamado el juez del caso Gali. Se ampara en el supuesto carácter secreto de las decisiones urdidas por el Gobierno.
El líder del Polisario tenía abiertas varias causas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros, y unos meses antes había declarado la guerra a Marruecos. Pese al empeño que puso el Gobierno por encubrir a Gali en España, su estancia en el hospital público de Logroño acabó trascendiendo por los medios de comunicación. El Ejecutivo quedó en evidencia y desató una fuerte crisis diplomática con Marruecos.
La operación clandestina desplegada por el Gobierno en abril del año pasado para introducir en España al líder del Polisario se ha saldado, de momento, con la imputación de la ex ministra Arancha González Laya y de quien fue su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. Ambos están investigados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento.
Operación urdida por el Gobierno
Hasta el momento, las pesquisas del juez Lasala han permitido destapar que esa operación clandestina fue ordenada y ejecutada desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con participación activa de al menos tres ministerios: Exteriores, Defensa e Interior.
La entonces ministra de Asuntos Exteriores fue la encargada de coordinarla, a través de su jefe de gabinete. Villarino se apoyó en el Estado Mayor del Ejército del Aire, que procuró la entrada furtiva de Gali a través de la Base militar de Zaragoza, en un avión de la Presidencia de Argelia. Los gobiernos español y argelino habían acordado el traslado de Brahim Gali, enfermo de coronavirus.
En Zaragoza le esperaba una ambulancia enviada por el servicio riojano de sanidad, que depende del Gobierno regional que preside la socialista Concha Andreu. Esa ambulancia recogió a Gali y lo trasladó al hospital público de Logroño, donde fue tratado de Covid durante semanas.
El traslado y el ingreso en el hospital de Logroño contó con cobertura de agentes del Ministerio del Interior, según ha destapado también la investigación judicial. Además, el líder del Polisario fue internado en el hospital de Logroño con identidad falsa, para lo que se utilizó un pasaporte amañado en el que se hacía pasar por un supuesto embajador jubilado, con el nombre ficticio de Mohamed Benbatouche y con membrete de la República de Argelia.