El dinero público sin control de la pandemia revive el fantasma de la corrupción
Infiniti. Para quien no fuera aficionado al mundo del motor en el otoño de 2009 aquel nombre podía evocar varias cosas distintas a una marca de coches. Eso cambió con el sumario del caso Gürtel, responsable de popularizar la filial lujosa de Nissan. “Escucha, Ricardo quiere el coche con tapicería negra”, le decía Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, a Pablo Crespo en una grabación de la causa. Ricardo era ‘Ric’ Costa, dirigente del PP valenciano. En los últimos días, los españoles que no frecuentan el ¡Hola! han incorporado a su acervo ‘Eagle 44’, un modelo de velero de más de 300.000 euros que Luis Medina Abascal compró con parte del millón de euros que se llevó por hacer tres o cuatro llamadas para vender material sanitario mientras los españoles morían a cientos por el Covid-19.
La liberación de un caudal de millones de dinero público para la compra urgente de material sanitario durante la primera fase de la pandemia devolvió el instinto depredador a algunos empresarios y, está por acreditar, la connivencia de funcionarios y/o políticos para contribuir a comisiones que fluctúan entre la pura avaricia y el delito. Las primeras investigaciones que empiezan a conocerse recuperan la iconografía de una corrupción que parecía haber quedado enterrada por los escándalos de los grandes casos judiciales de la pasada década: familiares que están en el lugar adecuado y en el momento justo, juzgados a la caza de bienes de lujo adquiridos con dinero público y políticos que repiten el mantra de “se respetó en todo momento el proceso administrativo”.
Como ocurriera con el caso de las ‘tarjetas black’, una pieza separada del caso Bankia, el pez pequeño eclipsa al grande a golpe de impresionismo. Los 16 millones de euros que gastaron los consejeros de Caja Madrid y Bankia eran una nimiedad comparados con los 23.000 millones que costó al contribuyente salvar a la entidad financiera. Con la crudeza de la anterior crisis económica presente, los ciudadanos asistían escandalizados a las revelaciones judiciales y periodísticas acerca de unos consejeros –empresarios, políticos y sindicalistas–, que disponían sin límite de un plástico que gastaban en hoteles, viajes, whisky o que simplemente introducían en el cajero con rutina. Hacienda no sabía nada de la existencia de aquellas tarjetas.
La querella que ha presentado Anticorrupción en el juzgado describe cómo dos empresarios de dudosa trayectoria, Alberto Luceño y Luis Medina, inflaron el precio de mascarillas, guantes y test hasta encarecerlo en un 148% y embolsarse 6 millones de euros en comisiones. La Fiscalía cree haber reunido los indicios suficientes para acusarles de estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales y un juez de Madrid ha abierto una causa.
La presunta estafa al Ayuntamiento escandaliza por lo fácil que resultó a sus protagonistas; el blanqueo, con la adquisición del barco, 12 coches de lujo, relojes de precios estratosféricos y noches de hotel a 10.000 euros cada una, ha renovado una indignación frente a la corrupción agravada por el momento en el que se produjo: la mayor crisis para los españoles desde la Guerra Civil. La relajación en los controles, de común acuerdo en todos los partidos y administraciones, con el fin último de adquirir material de forma urgente completó el ecosistema para que empresarios como Luceño y Medina aplicaran su falta de escrúpulos.
Más de una semana después de que elDiario.es desvelara la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sigue sin estar claro el papel de uno de esos anónimos cuyo apelativo recorría como un rumor desde hace tiempo los pasillos del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid. “El primo guapo” es Carlos Martínez-Almeida, abogado con despacho en Madrid y más de dos décadas de ejercicio con que Luis Medina mantiene una relación de “amistad”. Ese vínculo personal y la fama, que siempre ayuda en estos casos, proporcionaron al hermano del duque de Feria un teléfono móvil y un nombre, relata Anticorrupción. Medina llamó y contó que él y un amigo podían traer de China las mascarillas con las que salvar las vidas de los sanitarios a los que los madrileños aplaudían desde sus ventanas todos los días a las ocho de la tarde.
La Fiscalía no aprecia delito en la participación del primo, al que se limita a llamar “familiar del alcalde” en su querella, y tampoco en el regidor madrileño. También se salva de sus acusaciones el alto cargo que repartía el dinero de los contratos. No hay, para el Ministerio Público, ni tráfico de influencias ni prevaricación. Es el fruto de unas diligencias de investigación que se convierten ahora en un proceso judicial en el que empieza a personarse una oposición política ávida de explicaciones que trasciendan el papel de los empresarios. Por ahora, el alcalde mantiene que su primo contactó con su mano derecha en el Consistorio pero no con él.
La figura del hermano de sangre en política estaba acaparada hasta ahora por Juan Guerra, hermano del que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González. El ‘hermanísimo’ sufrió cinco procesos judiciales pero solo fue condenado en firme a un año de cárcel en uno de ellos por fraude fiscal. La condena llegó en 1995. Cuatro años antes, Alfonso Guerra se había visto obligado a dimitir por el escándalo político y mediático de las revelaciones en torno a su hermano.
Los negocios realizados al calor de la pandemia han devuelto a primera fila la figura del hermano, en este caso el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la política del momento. En noviembre de 2021, elDiario.es desveló que un empresario amigo de la familia de la presidenta había sido adjudicatario de un contrato por valor de 1,5 millones de euros en la peor fase de la pandemia. Tuvieron que pasar tres meses para que, consecuencia de una guerra soterrada entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP madrileño, estallara el segundo escándalo asociado al caso: el hermano de Ayuso habría cobrado hasta 283.000 euros en comisiones de aquel contrato.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias de investigación, secretas como todas, en las que intenta reunir indicios de delito en la adjudicación del contrato y el cobro de la comisión, que Díaz Ayuso rebaja a algo más de 55.000 euros. La investigación determinará si la adjudicación a un empresario sin experiencia en el ámbito sanitario es correcta o si esconde, en realidad, un negocio de Tomás Díaz Ayuso para contratar con la Administración, algo que le está prohibido por el parentesco con la presidenta autonómica. Tomás sí que tiene experiencia, más de veinte años, en el sector socio-sanitario. Políticamente, la causa ya se ha cobrado la cabeza del anterior líder de la oposición, Pablo Casado, quien no pudo aguantar las críticas y la presión por haber puesto de manifiesto las sospechas sobre la operación.
La constante que atraviesa todos los casos es la figura del empresario. La década pasada presentó ante todos los españoles a un envalentonado y engominado Francisco Correa en Gürtel; a David Marjaliza, el chico de pueblo hecho a sí mismo y amigo de Francisco Granados que enseñó al juez lo que significaba “mover el lápiz” en una recalificación de terrenos; al extrovertido y embaucador Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’… Hasta los grandes empresarios de las mayores empresas constructoras del país, mucho más anodinos, estuvieron imputados en el caso de la caja B.
Con el caso de las mascarillas, el público ha descubierto a Alberto Luceño, el amigo de Luis Medina que daba clase en una escuela de negocios y decía que sus valores eran la “honestidad” y la “generosidad”. La Fiscalía cree que estafó a los madrileños 5 millones de euros con los que se podría haber comprado el material sanitario que salvaba vidas. En el caso de Luis Medina existe un debate acerca de si se puede llamar “empresario” a un individuo con dos empresas: una sin actividad y otra que no presenta cuentas.
Los casos que superan la avaricia en las comisiones para registrar indicios de delito se multiplican en las últimas semanas en administraciones locales, autonómicas e incluso en la estatal. El Confidencial avanzó el viernes que una denuncia de Vox ha derivado en la imputación de tres cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por adjudicaciones realizadas a través de los citados contratos de emergencia.