Financiación autonómica: un modelo caducado hace ocho años que debe repartir 134.336 millones
134.336 millones de euros son el ‘pellizco’ por el que se pelean las comunidades autónomas desde hace ya ocho años ante la incapacidad de reformar el sistema de financiación, que lleva en vigor desde 2009 y caducado desde 2014. Es la gran batalla de la política española dado que de ese modelo dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia, entre otros. Es un asunto enrevesado y uno de los pocos, por no decir el único, en el que se tejen alianzas transversales entre PP y PSOE.
La renovación del sistema que ideó José Luis Rodríguez Zapatero lleva en barbecho desde que caducó en 2014. La inminencia de las elecciones generales sumió al modelo en el letargo, dado que 2016 fue ineficiente en términos ejecutivos por la repetición electoral ante la incapacidad de formar Gobierno. En su debate de investidura, Mariano Rajoy anunció la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el tema. En las resoluciones de esa cita celebrada en enero de 2017, Rajoy se comprometía a impulsar un nuevo sistema de financiación.
Los trabajos comenzaron entonces y el comité de expertos entregó sus conclusiones al Gobierno en julio de ese año, pero la escalada de la tensión en Catalunya que derivó en la declaración unilateral de independencia empantanó el asunto. A principios de 2018, el Ejecutivo retomó el asunto por la presión de las comunidades. Hubo intercambio de papeles y Rajoy se comprometió con la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el asunto. La previsión era hacerlo en ese mes de mayo, pero la moción de censura que catapultó a Pedro Sánchez a Moncloa acabó con ese plan.
El nuevo jefe del Ejecutivo reconoció rápido que no podría llevar a cabo la reforma del sistema en esa legislatura y se comprometió a impulsar algunas mejoras antes de las elecciones. Las generales de abril de 2019 y la repetición de noviembre volvieron a dejar la financiación en un cajón, a pesar de ser un compromiso de todos los partidos y una bandera de los candidatos en lugares como Comunidad Valenciana o Andalucía.
La pandemia de la COVID-19 se coló en el plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometió a presentar un “primer esqueleto” en noviembre de 2020. Finalmente hizo una propuesta en diciembre de 2021 con un nuevo cálculo de población ajustada, que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Pero no hubo acercamiento por parte de las distintas comunidades, que protagonizan alianzas cruzadas dejando fotos como al socialista Ximo Puig abrazando al conservador Juanma Moreno Bonilla o una cita de Adrián Barbón, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta, y Alfonso Fernández Mañueco junto al regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla.
El debate divide a España en tres grandes frentes. Por un lado, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón –con características similares por despoblación, envejecimiento o extensión– reclaman que esos criterios tengan un mayor peso a la hora de definir los principios del reparto. Lo que quieren esos territorios es que el sistema se base en el “coste efectivo” de la prestación de los servicios públicos.
Las comunidades 'ricas' y superpobladas como Madrid, Catalunya o Baleares son más partidarias del principio de ordinalidad, es decir, que el reparto se haga en función del número de ciudadanos y que haya un mayor porcentaje de cesión del IRPF por parte del Estado. En un camino intermedio están la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia, que apuestan por el concepto de “población ajustada”, es decir, que pese el criterio poblacional con determinados ajustes –envejecimiento, población joven para necesidades educativas o dispersión–.
En estos ocho años se han ido poniendo parches al sistema y las comunidades han tenido en los últimos tiempos inyecciones extraordinarias gracias a los fondos para encarar la pandemia que activó el Gobierno y a los proyectos europeos; pero sigue sin establecerse un mecanismo que ordene los ingresos de las autonomías.
A ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno está trabajando en una nueva propuesta para remitir a las comunidades, pero da por hecho que no habrá un acuerdo y achaca en buena medida la responsabilidad al PP, al que ve “incapaz de tener un modelo”. “Lo que dicen en Madrid es radicalmente distinto a lo que dicen en Andalucía o Castilla y León”, señalan fuentes gubernamentales.
El Gobierno ha colocado de nuevo el sistema de financiación autonómica en el centro del debate al enmarcar ahí la armonización fiscal con la que pretende acabar con el “dumping fiscal” entre las comunidades ante la eliminación de impuestos como el de Patrimonio, que merma los ingresos de las autonomías, pero conduce a la “competencia desleal” ante las ventajas económicas para determinados sectores. La intención del PSOE es establecer unos mínimos para la tributación cedida a las comunidades, pero algunas comunidades como Madrid o Andalucía (con su reciente anuncio de quitar Patrimonio) ya han anticipado una guerra judicial.