Transparencia en modo avión
Hay una creciente tendencia a debilitar la claridad en la función pública o ponerle el sello de confidencial a actos controversiales donde median millones en dinero público.
La transparencia en las decisiones públicas atraviesa un momento crítico. Le disparan desde todos lados, y el peor ejemplo lo dieron diputados de cinco partidos, quienes, en alianza con el gobierno, dieron sus votos para intentar parar la entrada en vigor de una ley que trae claridad y, sobre todo, ahorro en las compras públicas.
El interés en frenar la Ley de Contratación Pública, aprobada hace año y medio, es curioso. Quien propuso la posposición fue Liberación Nacional. Sí, uno de los más cuestionados por su deficitaria transparencia. Pero también, contra lo esperado, le hizo yunta el novel partido de gobierno Progreso Social Democrático, que en campaña prometió, justamente, transparentar.
¿A quiénes se favorecía? Ministerios, autónomas y municipalidades, porque la ley que querían aplazar impone controles al obligar a todos a negociar únicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
¿Quiénes perderían? Usted y los demás contribuyentes, porque está previsto que esa ley, que entra en vigor este 1.° de diciembre, ahorrará ¢587.000 millones al año.
Dichosamente, por inexpertos, gobierno y diputados fracasaron, por ahora, en poner la ley en “modo avión”.
Pero la transparencia peligra por el Instituto Nacional de Seguros (INS), que la bombardea al declarar confidencial un contrato de equipos informáticos por $44,6 millones (¢27.000 millones) con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la cual no da cuentas a nadie, pues se escuda en ser un organismo internacional con inmunidad.
Más secretos. El INS puso el sello de confidencial a las razones del aumento salarial de 1,7% para sus 2.470 empleados. Dinero público, usado de forma discrecional. A esto se sumó la quebrada Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que se negó a entregar el audio de la sesión de la Junta Directiva donde discutieron la crisis financiera. Eso sí, para pedir rescate sí dan la cara. Para dar cuentas, esconden el audio.
No hay mucho que decir. La Constitución Política reafirma la transparencia cuando la ponen en “modo avión”. Es de esperar que la Sala Constitucional se mantenga firme contra estos crecientes atropellos.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
