Yolanda Díaz advierte a Mañueco de que irá a los tribunales si no recupera el órgano autonómico de mediación laboral
"Cuando en democracia el diálogo no funciona, el único recurso es ir a los tribunales". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este miércoles con los agentes sociales en la Delegación del Gobierno de Castilla y León para abordar la decisión de la Junta de suprimir el Servicio de Relaciones Laborales dejándolo sin financiación. Díaz ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se está incumpliendo la Constitución y la legislación laboral y que el Gobierno de España iniciará "cuantas acciones sean menester", incluidas las judiciales, para garantizar los derechos de los trabajadores de Castilla y León.
La ministra ha considerado que la reunión en la que han estado presentes los sindicatos CCOO y UGT y la patronal, ha sido "absolutamente positiva" para la defensa de la Constitución Española. "Digo esto porque los agentes sociales están contemplados en el artículo 7, y de ahí dimana la defensa del propio Diálogo Social. Castilla y León es una referencia en España y en el conjunto de Europa en el desarrollo de un Diálogo Social, que no solamente es fructífero y que ha permitido la resolución del 70% de los conflictos de las empresas de la Comunidad sino que también es una referencia incluso académica en la Unión Europea", ha explicado.
Según Díaz, la decisión que ha tomado el gobierno de Castilla y León es "muy grave". "Con esta decisión se fulmina el Diálogo Social, no sólo eso, también el cumplimiento de la legislación laboral que nos hemos otorgado. Para ser clara: hay una parte de la reforma laboral que hemos aprobado con la anuencia de los agentes sociales, que no está garantizado su cumplimiento en en el día de hoy en Castilla y León. No solamente esto, es que trabajadores o trabajadoras que quieran ir a huelga, no podrían, sencillamente, cumplimentar ese primer paso que tienen que practicar, que exige una previa mediación. Estamos ante un hecho que es muy grave, de vulneración de derechos en las empresas y de derechos laborales", ha aseverado.
"El Gobierno de España, tras escuchar a los agentes sociales, tenemos muy claro que se está vulnerando la legislación vigente. Tenemos muy claro también que no se puede sustituir el Serla por el servicio de mediación, hablo directamente del SMAC (Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación). Hay una sentencia del Tribunal Supremo a este respecto y por tanto nada más tenemos que decir sobre esta cuestión. Lo que le pido al presidente de Castilla y León, al señor Mañueco, es que con prontitud recupere un servicio que es fundamental para las personas que viven en esta Comunidad, que lo recupere con carácter inmediato", ha exigido la ministra.
Yolanda Díaz ha insistido en la gravedad de la situación "porque no hay razones de financiación que lo justifiquen" y ha aportado "un dato" para apuntalar su afirmación: "En las políticas públicas del Ministerio de Trabajo hay financiación pública para el favorecimiento de la negociación colectiva, pues bien, el pasado año Castilla y León recibió medio millón de euros que ni siquiera ha licitado, con lo que se está causando un auténtico perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad, pues tendrán que devolver esos recursos públicos al conjunto de los españoles. Es decir: disponen de financiación pública del Gobierno de España pero se niegan no sólo a ejecutar los programas a los que vienen obligados sino que ni siquiera han licitado la convocatoria a la que venían obligados", ha dicho.
Ha querido ser aún más "clara": "El Gobierno de España le pide al señor Mañueco que restaure con carácter inmediato este servicio público que es fundamental para Castilla y León, que sería la única comunidad autónoma del país que no dispusiera de este organismo pero, le pido al señor Mañueco que cumpla con la legalidad vigente, particularmente con la Constitución y con la legislación laboral, que garantice el cumplimiento de la misma". De no hacerlo, "lógicamente", el Gobierno de España "tomará todas cuantas acciones sean menester para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de las personas que viven en esta Comunidad. No se puede sustituir por el SMAC y tiene que ser un organismo en el que se garantice el carácter autónomo de las funciones que realizan, Mañueco sabe que hay una sentencia y que esta no es la doctrina jurisprudencial de nuestro país. No sirve con la sustitución", ha advertido
Aunque no ha dicho textualmente que vayan a dejar a la Junta sin competencias en materia laboral, sí ha reconocido que las van a "defender" garantizando "la armonización y desarrollo de los derechos en el país". "Esto es muy grave. Se está dañando a empresas y trabajadores de Castilla y León y lo que tiene que hacer como presidente es decir a sus conciudadanos es que va a reponer este servicio", ha declarado.
Aunque no ha querido desvelar el contenido, Díaz ha comentado que ha tenido una conversación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y dos con Mañueco. Con este último intentó "una tercera" porque se había "comprometido" a darle una respuesta sobre el Serla. "Y ya me la ha denegado, es decir, no tengo respuesta. Fue amable en las dos conversaciones pero en la tercera ya ni siquiera me atendió al teléfono. Los presidentes autonómicos deben coger el teléfono a todo el mundo y lo más importante, deben cumplir con la legalidad vigente y deben resolver los problemas a sus ciudadanos", ha afeado.
La ministra no ha querido marcar plazos para actuar contra la Junta. "Ya sé que les gustan mucho los plazos, pero me guio por el principio de prudencia, hago seguimiento de lo que está pasando, si no da una respuesta de restaurar el servicio obviamente tomaré medidas, no es lo me gustaría porque intento negociar todo. El problema es muy grave, que se ponga a la altura, que ejerza de presidente", ha pedido.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido hablar con la ministra por teléfono pero sí pronunciarse a través de twitter para tachar de "turismo electoral" las visitas "de los ministros de Pedro Sánchez que se desplazan a la Comunidad para atacar a Castilla y León" y advertir que no consiente "ni insultos ni amenazas".
Los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y la vicepresidenta de la CEOE en Castilla y León, Ángela de Miguel, han pedido a Mañueco, que no elimine el servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA. Según Temprano, es necesario volver a la "senda del diálogo social" porque de otro modo es difícil que las empresas se asienten en la Comunidad. Más duro ha sido Vicente Andrés, que considera que la eliminación del SERLA es una "aberración jurídica de consecuencias imprevisibles". Ambos han asegurado que todo lo que saben del futuro del servicio es por lo que publican los medios ya que ni el presidente ni el consejero de Empleo se han puesto en contacto con ellos para darles una explicación.
La vicepresidenta de la patronal, quien ha recordado que esta inseguridad jurídica provoca que se echen para atrás diversas inversiones que podrían llegar a Castilla y León y ha señalado que el 70% de los conflictos laborales se resuelven por esta vía. De Miguel también ha instado al Gobierno de España a financiar el Serla.