Han pasado más de tres años desde que la Audiencia Provincial de Álava condenó a Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano como cabecillas de la mayor trama de corrupción en el País Vasco . Y más de un mes desde que el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia, imponiendo a ambos 12 y 7 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no ha encontrado el momento para rescindir la relación laboral que aún vincula a los dos condenados con entidades dependientes de consejerías controladas por el PNV , el mismo partido al que pertenecían ambos. El lehendakari, Iñigo Urkullu , justificó ayer en el Parlamento vasco que su Gobierno no puede ejecutar los despidos hasta que la Audiencia alavesa notifique la ejecución de la sentencia. Las explicaciones de Urkullu no convencen a la oposición, que escenificó en la cámara de Vitoria una ofensiva total contra la gestión del Gobierno vasco en un caso de corrupción que afecta directamente al propio PNV. EH Bildu, la coalición de PP+Ciudadanos y Vox le recuerdan al lehendakari que un informe jurídico ya avaló en 2021 la rescisión de contratos de los condenados , como en este caso. Se refieren a un documento emitido por la sociedad pública Hazi, dedicada a coordinar y catalizar proyectos estratégicos relacionados con el medio ambiente y rural vasco, donde Alfredo de Miguel sigue figurando como miembro de la plantilla. El estudio se ha dado a conocer esta semana, pero se elaboró en realidad hace casi dos años, poco después de que la Audiencia Provincial dictara la sentencia condenatoria en primera instancia. Los expertos analizaban si rescindir el contrato con De Miguel era o no legal cuando todavía estaba a la espera de que el Supremo resolviera el recurso. «En opinión del equipo jurídico consultado, ante una condena de más de seis años, parece poco razonable optar por una sanción que no sea la del despido», confirma ese informe. «Amparar a corruptos» «Pudieron despedir a De Miguel , pero evitaron hacerlo» , ha reprochado este viernes Carlos Iturgaiz. El presidente de los populares vascos acusa a Urkullu de «amparar» a los condenados. «No son expertos en la lucha contra la corrupción, sino en esconderla», ha espetado desde la tribuna del Parlamento de Vitoria. Noticia Relacionada estandar Si La mayor trama corrupta del País Vasco salpica al PNV en plena precampaña Miriam Villamediana Cinco personas vinculadas al nacionalismo vasco irán a prisión tras la sentencia del Supremo Desde EH Bildu también acusan al Gobierno vasco de «obstaculizar» las medidas que propone para fomentar la transparencia y combatir la corrupción. «Han puesto el informe en una balanza y han decidido priorizar los derechos de una persona condenada sobre los derechos de los administrados como el buen gobierno», ha lamentado el portavoz de la formación independentista, Josu Estarrona. Claves y fechas del caso 'De Miguel' 2009: La denuncia El caso estalló en 2009. La abogada Ainhoa Alberdi denunció por cohecho a los después condenados cuando trataron de cobrarle una comisión a cambio de un contrato público. La investigación dejó al descubierto que los dirigentes del PNV en Álava habían creado un entramado de empresas pantalla para cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. 2019: Primera condena El juicio arrancó en 2018 y un año después la Audiencia de Álava dictó castigos ejemplares para todos los implicados. La condena fue un jarro de agua fría para el PNV y el Gobierno vasco. Ortuzar y Urkullu pidieron «perdón» públicamente. 2023: El Supremo rectifica El pasado 10 de enero el Supremo confirmaba, con pequeñas correcciones técnicas, las condenas de 12 años de cárcel para De Miguel y 7 para Otxandiano. Y es que, tras la condena de finales de 2019, De Miguel ha continuado vinculado a la fundación Hazi e incluso ha representado al Gobierno vasco en diversos foros. Otxandiano, por su parte, ha seguido trabajando en el Parque Tecnológico de Álava, también vinculado al Ejecutivo central. Al poco de conocer la sentencia del Supremo, la consejera de Desarrollo Económico se apresuró a anunciar que los dos condenados habían sido apartados de sus funciones. Sin embargo, el lehendakari confirmó ayer que aún no se ha resuelto su vinculación laboral. «El fallo que se ha divulgado a través de los medios no es eficaz», se excusa Urkullu. Para el Gobierno vasco, el informe jurídico que hace ya casi dos años avalaba el despido de los condenados no parece suficiente. El lehendakari dice que está esperando a que la Audiencia de Álava comunique la ejecución de la sentencia y que tienen «todo preparado» para «actuar» cuando eso ocurra.
