¿Qué naturaleza para qué empleo? A propósito del debate entre industria salmonera y ley de la naturaleza
Durante estas semanas la industria salmonera ha movilizado todo el lobby y apoyo laboral que tiene para plantear sus reparos a uno de los artículos del proyecto de Ley que propone crear un servicio nacional para la protección de la biodiversidad y áreas protegidas. El debate de contingencia apunta a los efectos de este artículo (ya rechazado en comisión mixta) sobre el empleo futuro de esta industria, una de las más importantes de las regiones australes.
Sin embargo, cabe la pena abrir el debate más allá de la relación entre empleo y naturaleza. Chile es un país que históricamente ha basado su economía en la explotación de recursos naturales. El sistema económico, heredado del periodo colonial, posicionó al país como una periferia productora de commodities: guano, maíz, salitre, cobre, frutas, salmones, madera, y más recientemente buscamos expandir el abanico a hidrógeno y litio.
Durante los períodos de industrialización promovidos por el Estado, también se transformó y dio valor agregado a diversos recursos disponibles: ENAP – empresa nacional del petróleo, ENACAR – empresa nacional del Carbón, IANSA – empresa nacional azucarera, ENDESA – Empresa Nacional de energía, y otras, buscaban industrializar la matriz productiva a partir de los impuestos introducidos a la minería del cobre, en ese momento en manos de capitales extranjeros.
La dictadura militar realizó un giro en 180 grados hacia la exportación de materias primas, siempre basado en la capacidad de nuestra naturaleza de producir mercancías. Su “éxito”, se vio reforzado por los tratados de libre comercio firmados durante los 1990s, y se reflejó en la reducción de cifras de pobreza y aumento del PIB per cápita, así como el reconocimiento de la marca “hecho en Chile” en diversos mercados del mundo, donde, justamente el salmón se convirtió en una de sus caras más apetecidas.
Esta columna busca poner el foco en el empleo generado por este tipo de economía. En los territorios rurales, el empleo vinculado al sector primario exportador ha disminuido de manera sistemática en la última década. La tecnificación de los procesos de producción y cosecha hace necesario menos mano de obra no calificada; el ciclo productivo genera patrones de estacionalidad que redundan en precariedad laboral y flujos migratorios en localidades no preparadas para recibir en poco tiempo estos aumentos.
De este modo, el trabajo asociado a industrias como la salmonera es un empleo precario, estacional y reducido, por lo que cada vez menos habitantes de zonas rurales dependen de éste para sostener su vida. En las etapas de preparación y envío, encontramos plantas de proceso concentradas en zonas urbanas y puertos, donde el empleo es de carácter feminizado, extenuante y con baja sindicalización. Las jornadas laborales son poco compatibles con labores de cuidado y la doble jornada hogar-trabajo, lleva a muchas mujeres a complementar ingresos con otros empleos, de carácter informal y que privatizan la responsabilidad de cuidados en los sujetos y no en la empresa o el Estado.
En otras palabras, 30 años de agro-exportación ha llevado a patrones de empleo precarios, poco especializados y cada vez menos vinculados a los territorios donde se desarrollan estas actividades. Entonces, no es de extrañar que cuando nuevas actividades llegan a territorios y anuncian empleos, estos sólo sean durante el periodo de construcción de las obras, para luego bajar a sus mínimos durante el periodo de operación de la actividad. ¿Cuántos empleos permanentes puede generar un parque fotovoltaico? ¿Cuántos empleos genera una hectárea de plantación forestal?
La poca conexión que se da entre industrias agro-exportadoras y empleos se refleja en el poco peso que tienen los liceos técnico-profesionales en estas regiones. A modo de ejemplo, en la región de Aysén – zona salmonera donde se concentran sobre 700 concesiones acuícolas y dos plantas de proceso – sólo 10 liceos corresponden a esta modalidad.
Si pensamos en la naturaleza resultante, primero debemos reconocer los niveles de degradación ambiental que afectan la calidad de vida y viabilidad de ecosistemas delicados y únicos ante los procesos de cambio climático y expansión urbana. En segundo lugar, vemos que la expansión espacial de las actividades productivas primario-exportadoras, genera obstáculos para que otras actividades económicas puedan desarrollarse en territorios agro-exportadores. Para ponerlo en ejemplos: el uso del espacio marino-costero por la industria salmonera genera barreras para el desarrollo de la pesca artesanal, que ha derivado en baja de pescadores artesanales y aumento de la transacción de derechos de cuotas de captura.
En síntesis, el territorio extractivo hace cada vez más complejo continuar la explotación de la naturaleza a un nivel primario, y se hace necesario pensar a futuro en biotecnología y bioingeniería que permitan generar nuevas economías a partir de estrategias de biorremediación, economía circular y mejorar las condiciones socio-ecológicas para la vida. En este escenario, un servicio nacional de áreas protegidas y biodiversidad es fundamental para establecer reglas claras de interacción entre nuevos usos económicos de la naturaleza y el resguardo de las funciones socioecológicas que sostienen la vida.
Esperamos que el debate suscitado de paso a una reflexión mayor sobre la necesidad de vincular estrategias de uso de recursos naturales con empleos de calidad. Ello requiere vincular investigación e innovación realizada en universidades y empresas en la generación de propuestas de valor agregado, respetuosas del medio ambiente y con visión de futuro, que empoderen a las comunidades y no las perpetúen como mano de obra barata para mercados exteriores.
Beatriz Bustos
Dra. en Geografía, Profesora Asociada U.Chile. Investigadora Responsable Fondecyt Regular 1210331 «Ciudadanía Rural»