CCSS echa mano de abogados de hospitales para evitar colapso de sistema de compras

Junta Directiva aprobó que profesionales de centros médicos asuman refrendo de compras por seis meses

Una enorme fila de contratos pendientes de refrendo obligó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a aprobar una medida temporal para evitar el colapso del sistema de compras e impedir el desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y otros bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de clínicas y hospitales.

En enero del presente año, la Gerencia de Logística de la entidad detectó que los ajustes en la Ley General de Contratación Pública provocaron un aumento en el número de contratos que requieren refrendo de la Dirección Jurídica de la entidad.

Esteban Vega de la O, gerente de Logística, explicó que el año pasado 1.531 acuerdos de compra necesitaron refrendo, esa cifra es un 94% mayor al 2022. Sin embargo, a enero del presente año, había 121 contratos en espera de ser refrendados.

Un elemento que agrava la situación es que el reglamento de la Caja establece que el refrendo se debe dar en un plazo de 15 días hábiles a partir de que el contrato ingresa a la Dirección Jurídica.

Por ejemplo, en enero pasado, esa dependencia mantenía 400 contratos en análisis para refrendo, 87 de ellos ni siquiera se habían asignado por falta de abogados. El gerente de Logística dijo que este tipo de inconvenientes ponen en riesgo el cronograma de compras institucionales.

Para remediar el problema, la Junta Directiva reforzó la Dirección Jurídica con diez abogados, cuatro de ellos son nombramientos temporales. Además, decidieron que los juristas de los nueve hospitales más grandes se encarguen de los refrendos por seis meses, decisión que se podría extender por seis meses más.

De forma paralela, según comentó Vega, la Gerencia Administrativa debe elaborar un plan para reforzar la capacidad instalada de la Dirección Jurídica.

Según información suministrada por la CCSS, las cargas de trabajo en la Dirección Jurídica son muy dispares. Mientras uno de los abogados, de apellido Rubí, tenía 53 contratos para refrendo en enero, otra abogada, de apellido Gazo, tenía solo nueve. Tres de los diez abogados disponibles cargaban con el 46% de los contratos pendientes de refrendar.

Andrey Quesada Azucena, subdirector de la Dirección Jurídica de la CCSS, se comprometió a atender una entrevista sobre este tema el miércoles pasado, pero luego canceló la cita y solicitó las preguntas por escrito. En un correo enviado el martes 27 de febrero, Quesada le dijo a la oficina de prensa institucional que canceló la cita “con anuencia de la Gerencia General”. Sin embargo, Vilma Campos, gerente general de la CCSS, lo desmintió.

Por medio de un mensaje de texto, Campos afirmó que no tenía razones para ordenar o sugerir que se cancelara la entrevista. Quesada Azucena rechazó responder por qué canceló la entrevista.

Discusión

En la última semana, la Junta Directiva discutió un plan para transformar la Dirección Jurídica en el que se incluye el traslado de los abogados de las asesorías legales de centros médicos a oficinas centrales. El jueves 29 de febrero, el Consejo de Directores Administrativos y Administraciones de Áreas de Salud envió una carta a los directivos de la CCSS en la que se opone a esa idea.

El documento, firmado por la presidenta de ese consejo, Adriana Romero Retana, directora administrativa del Hospital Nacional de Niños, solicita información detallada del traslado funcional y readscripción jerárquica de los abogados de los hospitales y otras unidades asistenciales a la Dirección Jurídica de la CCSS.

En la nota advierten que concentrar todos los abogados en oficinas centrales afectará los procesos de compra, los procedimientos disciplinarios contra funcionarios que cometieron faltas y la atención de recursos de amparo.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) lamentó que la Junta Directiva aprobara, el jueves pasado, iniciar el proceso de modificación de la Dirección Jurídica sin contar antes con los criterios técnicos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y de la Gerencia Financiera.

“Sin ninguna justificación técnica, se despoja a los centros (hospitales) de las plazas de abogado, que con grandes sacrificios han logrado hacer una realidad. El aumento de funcionarios del nivel central crece sin ningún control. Significará una disminución de la capacidad de respuesta a nivel local y regional”, advirtió el sindicato en un boletín de prensa.