Investigan la identificación de personas relacionadas con la grabación de mujeres orinando en las fiestas de Lugo
Varias decenas de mujeres fueron grabadas mientras orinaban en la calle durante las fiestas de A Maruzaina (Lugo) el pasado 2019. Esos vídeos acabaron en una página web de pornografía. Ahora, este lunes, la Policía Judicial ha informado de que va a investigar las identificaciones de entre cinco y seis personas que podrían estar vinculadas con estos hechos y que forman parte de un informe pericial encargado por la acusación particular del caso, ejercida por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei). El abogado que representa a esta organización, José Manuel Oliveros, ha expresado que Bumei encargó este informe preliminar a un grupo de expertos informáticos dado el «impás y paralización» del procedimiento judicial, «sin vías de encauzar líneas nuevas de investigación». Así, la asociación facilitó al grupo toda la información recabada con anterioridad y en base a la cual los expertos han identificado a cinco o seis personas. José Manuel Oliveros presentó este documento a principios de marzo en el Juzgado, que debía decidir si el propio grupo encargado del informe preliminar continuaba con las investigaciones para llegar a un documento definitivo, o lo hacía la Policía Judicial. Finalmente, el magistrado encargado del caso se ha decantado por la segunda opción, con lo que será el cuerpo de seguridad el que continúe con las pesquisas. Grabadas en 2019 El caso Maruxaina arrancó en 2019, cuando algunas de las víctimas encontraron vídeos suyos en una página web de pornografía de pago en los que se las podía reconocer orinando en la calle durante las fiestas de A Maruxaina (Lugo) de ese mismo año. Las afectadas fueron presentando denuncias y en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro archivó el caso al considerar que las grabaciones «no constituían un delito por ser realizadas en un lugar público en el que podían ser vistas por cualquiera». La decisión creó un gran malestar en la calle y llevó a la convocatoria de movilizaciones sociales. Tiempo después, la Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso ya que consideraba «comprometida» la intimidad de las víctimas. Se practicaron entonces las diligencias pedidas por Fiscalía y acusación y entre 2022 y 2023 se volvió a tomar declaración a muchas de las afectadas. El caso prescribe en agosto de este año.