Avanza la investigación sobre las 'cajas negras' de las obras sociales sindicales
La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), presidida por Gabriel Oriolo, realizó semanas atrás una recopilación de los fondos transferidos a prestadoras de la salud. El reclamo del sector por el mega DNU
La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), presidida por Gabriel Oriolo, realizó semanas atrás una recopilación de los fondos transferidos a las obras sociales sindicales por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández, período en el que se alcanzó un monto total de u$s 5472 millones entre 291 obras sociales.
La coordinación y el manejo de esos fondos está a cargo de la SSS, a la que en el pasado se le detectaron fallas en el sistema de control interno de esas operaciones. Como antecedente está el informe que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elaboró en 2020 en base a la auditoría de los servicios realizados años atrás.
De dicho relevamiento se pudo concluir que los registros de reintegro arrojaban fechas de carga inconsistentes. También se etiquetó como "débil" el sistema que coordina el esquema de subsidios, reintegros y rendición de cuentas, control prestacional, marco regulatorio de la medicina prepaga, atención y servicios al usuario, y mecanismo de integración.
A pedido del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Russo, la nueva gestión de la SSS agrupó todos los datos de transferencias durante la gestión del Frente de Todos para que a partir de esa base de datos se comience a investigar posibles irregularidades de los montos que Nación, a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) les envió a las obras sociales pertenecientes a sindicatos.
Las obras sociales y los sindicatos en la mira
Fuentes al tanto de las operaciones comentaron a El Cronista que "hay una idea de auditar" y que "ya se pidieron los contratos" de las obras sociales sindicales. Como datos preliminares, los técnicos de la Superintendencia de Servicios de Salud establecieron un ranking de las compañías que recibieron mayor cantidad de dinero por cabeza (afiliado).
Este conteo lo lidera la Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio que maneja José Ibarra. En los cuatro años recibió u$s 6 millones ($ 906 millones). Considerando que tiene 2.901 afiliados, cada uno recibió en promedio durante la gestión de Alberto Fernández de $ 312.472.
Se tratan de empresas que generalmente tienen un aproximado de entre 5000 y 2000 afiliados en total, aunque todas recibieron arriba de $ 170.000 en transferencias por cabeza.
En segundo lugar, se encuentra la Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero, con 4519 afiliados y un monto per cápita de $ 284.172. Le sigue la Obra Social de Conductores de Taxis de Córdoba, con 2510 afiliados y transferencias por persona contabilizadas en $ 243.935.
Entre las quince empresas de la salud mencionadas en el informe hay tres vinculadas al personal de taxis, dos de prensa, otros dos de electricidad y algunas puntuales que van desde modelos hasta personal azucarero.
Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la SIGEN señalan que la supervisión de la SSS sobre las transferencias tuvo falta de "debido respaldo documental".
El control en muchos casos no fue real, sino para fines meramente estadísticos. Se conforma de un porcentaje - entre el 15% y el 20% - del aporte que los trabajadores en relación de dependencia hacen a las obras sociales (el 3% del sueldo) y el que efectúan sus empleadores (6% del salario).
Si bien el Estado no financia al FSR, en 2023, durante el gobierno anterior, se realizaron aportes financiados por el Tesoro excepcionalmente y de manera discrecional. Fueron en total $ 35.000 millones. Por el momento, desde el Gobierno indican que habrá que esperar los exhaustivos análisis que conllevarán "varios meses".
El pedido de las empresas de la salud
El rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 puso en alerta a las compañías del rubro de la salud, quienes mediante una nota de opinión publicada por el presidente de la Cámara Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), Gerardo Figueroa, salió a respaldar las medidas de desregulación del sector que están allí dentro y pidieron "que los diputados tengan conciencia y no voten como el Senado".
"El sistema de salud está quebrado. Y la no aprobación del decreto no bajará las cuotas de las prepagas ni hará que sea más fácil atenderse a ningún paciente. Por el contrario, generará cierre y desaparición de clínicas a lo largo y lo ancho del país. Las clínicas no establecemos ni los precios de las prepagas, ni lo que cobramos por nuestros servicios", escribió el titular de la cámara.
Las empresas de la salud marcaron la necesidad de que el DNU continue activo para la sostenibilidad del rubro.
Días después de la publicación del decreto, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados aumentos en torno al 40% a partir de las cuotas de enero. Los incrementos siguieron de manera constante en los meses posteriores, tanto para los pagos en febrero, marzo y abril.
Los argumentos que esgrimieron para explicar el fuerte incremento en las tarifas es la emergencia sanitaria oficializada para la desregulación de diversos sectores de la economía, que permitiría recomponer los precios del rubro salud, luego del congelamiento de precios del último año.