La Xunta no envió documentación al Gobierno para la reclamación del coste de la limpieza de los pellets
La Xunta de Galicia no ha remitido al Gobierno central ninguna documentación sobre el coste asumido para la limpieza de la costa tras el vertido de pellets del Toconao. La información que detalla los desembolsos de la administración autonómica gallega es necesaria para reclamar a la armadora del barco que pague el precio de la contaminación causada. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, cifró en 2,4 millones el dinero destinado por el Gobierno gallego a este fin. Lo hizo a principios de marzo, en la misma comparecencia en la que avisó de que, si el Gobierno central no iniciaba el proceso, la Xunta acudiría a los tribunales.
Tres semanas después de aquel anuncio, la Consellería considera, en respuesta a preguntas de esta redacción, que no se han producido avances. Cita la carta que envió la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la Xunta el 6 de marzo –el mismo día que Ángeles Vázquez habló de ir a los tribunales–. La Consellería interpreta que lo que decía Ribera en esa misiva era "que daba traslado de la petición [de iniciar el proceso de reclamación] al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".
Pero lo que decía en realidad el documento firmado por la vicepresidenta tercera es que el Ministerio para la Transición Ecológica ya había remitido al de Transportes la información sobre sus propios costes. Y aclaraba más adelante qué departamento se estaba encargando del proceso de recopilar la documentación para hacer la reclamación: "Procede exigir al armador del buque la correspondiente responsabilidad, de lo que se encarga la Dirección General de la Marina Mercante, a la que le remito para resolver las cuestiones que estime pertinentes, en especial respecto al alcance de la indemnización".
Fuentes del Ministerio de Transportes confirman que no han recibido por el momento ninguna comunicación de la Xunta sobre los costes de la limpieza. Este martes, 26 de marzo, el departamento que dirige Óscar Puente remitió otra carta a Ángeles Vázquez, en la que informa de que las facturas del Gobierno central ya se han remitido al representante del armador del buque. Añade que "si la Xunta lo considera adecuado, desde la Dirección General de la Marina Mercante se podría canalizar la reclamación de los gastos causados a esa Comunidad Autónoma".
Continúa con el aviso de que "solo si la Xunta lo manifiesta, la cuantificación final de los costes asumidos por la limpieza de los pellets por la Xunta podría incluirse en la resolución administrativa de la Dirección General de la Marina Mercante para su envío al armador". Si este punto generase dudas, aclara que la propia comunidad dictaría la resolución de cuantificación de los costes.
El proceso, una vez remitidas las facturas a los representantes del armador, es dar un plazo para que este presente alegaciones, dado que contrató a dos empresas para la limpieza de playas. Después, los ministerios las valorarán y tomarán la decisión definitiva sobre la cuantía, que será la que se incluya en la resolución, según indica la carta de Transportes.
Por el momento, la Xunta no ha remitido sus facturas y señala, en una contestación dada antes de recibir la carta del Ministerio de Transportes, que está a la espera de "la respuesta oficial del Ejecutivo de Sánchez para agotar la vía administrativa". Por ello, asegura que sigue teniendo "abierta" la vía de los tribunales.
El Gobierno gallego considera que dio "el primer paso" para activar el proceso de reclamar los costes de limpieza el 19 de enero, con una comunicación al Gobierno central. Relata que una primera respuesta de Teresa Ribera fue decir que la solicitud se estudiaría. Unas semanas después fue cuando llegó la carta del 6 de marzo con la que la Xunta interpreta que se dio traslado de su solicitud a Transportes. La Consellería de Medio Ambiente añade que la semana pasada Ángeles Vázquez aprovechó una reunión del Consejo consultivo de asuntos medioambientales europeos para insistir en su petición al Gobierno.