De la amenaza de cierre al candado: un cementerio privado en Asturias se clausura con 3.000 nichos dentro

El caso del cementerio de San Andrés de El Entrego/ L' Entregu, en el concejo asturiano de San Martín del Rey Aurelio, es insólito. Está asentado en terrenos de propiedad privada y desde este lunes sus puertas permanecen cerradas con un candado. Una patrulla de la Policía Local custodia sus instalaciones. Detrás de esta clausura está la jubilación del administrador único de la sociedad que gestiona el camposanto.

Los vecinos, que llevan mucho tiempo movilizándose con concentraciones, exigen soluciones urgentes al Ayuntamiento porque en su interior hay 3.000 nichos y aún no les han dado una respuesta concreta sobre cuándo van a poder tener acceso libre de nuevo ni qué solución va a haber cuando se produzca el fallecimiento de un familiar y no sepan dónde se le va a poder enterrar.

El alcalde socialista José Ramón Martín Ardines se había comprometido a garantizar el acceso a las instalaciones en la confianza de que se podría lograr in extremis un acuerdo con la propiedad. Sin embargo, no ha habido avances en los últimos meses y este lunes, día 1 de abril, se ha consumado la clausura.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha dado un primer paso: ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por la vulneración de los derechos de los vecinos.

El cementerio se encuentra sobre unos terrenos de la sociedad La Solana Asturiana S.A., después de que ésta los adquiriese a la Iglesia en 1993 junto con la concesión de explotación del cementerio.

En tiempos del anterior alcalde socialista, José Ángel Álvarez, ya se empezó a abordar la cuestión del posible cierre por la futura jubilación de su gestor. Sin embargo, pasó su etapa como regidor y el problema lo heredó el actual, José Ramón Martín Ardines, quien lanzó mensajes de tranquilidad y anunció que desde el consistorio se garantizaría que se buscaría alcanzar un acuerdo para que el cementerio siguiera abierto. Pero no ha sido así.

La cuantía económica es el principal escollo. Aunque inicialmente el ayuntamiento barajó adquirir su titularidad, la considerable rebaja en el precio ofrecido hizo que la sociedad La Solana Asturiana S.A. se echara para atrás. En una primera tasación, su precio rondaba los 489.284 euros, pero en una segunda su precio se devaluó hasta los 74.284 euros después de que una ingeniería emitiera un informe donde se decía que el cementerio corría serio peligro de derrumbe.

La negociación con el ayuntamiento se rompió. El consistorio calcula que las reparaciones necesarias en el camposanto que atribuyen a la falta continuada de mantenimiento ascenderían a 800.000 euros.

Este lunes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha hecho pública su decisión de iniciar acciones judiciales contra el cierre del cementerio de El Entrego. Su intención, según ha explicado, es revertir una situación que afecta actualmente tanto a vecinos que son propietarios de nichos como a aquellos que los tienen arrendados a la empresa propietaria del camposanto.

“En el día de hoy (lunes) a la vista del cierre que la empresa propietaria del cementerio ha llevado a cabo, recogido en un informe elaborado por la Policía Local, vamos a proceder a interponer una denuncia para revertir esta situación que entendemos vulnera los derechos de los vecinos que tienen en propiedad o en régimen de alquiler un nicho en el lugar”, explican fuentes del equipo de gobierno.

“Este paso que adoptamos no lo podríamos haber asumido con anterioridad puesto que hasta hoy el cementerio estaba abierto y en consecuencia nos era imposible tomar esta medida desde el punto de vista jurídico”, argumentan.

La medida se ha adoptado una vez que han tenido en sus manos el informe de la Policía Local. Esta decisión ha sido comunicada por el alcalde y la vicealcaldesa, José Ramón Martín Ardines y Cintia Ordóñez, respectivamente, a los representantes de la asociación de vecinos La Unión, con quienes se han reunido para valorar el cierre y sus consecuencias.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado la incoación de un expediente de expropiación forzosa para la adquisición del cementerio, que se tendrá que dirimir también en los juzgados, a la vista de que el propietario ha declinado la venta del cementerio por su discrepancia con el precio establecido de acuerdo a informes periciales externos ajenos al consistorio.

El abogado Andrés Rubén González, que representa a la asociación de vecinos La Unión, ha asegurado a elDiario.es Asturias que está claro que, si no hay un acuerdo entre las partes para la compra, al ayuntamiento como administración pública y como interés público, no le queda más remedio que la expropiación.

"Es una medida que a los vecinos les parece correcta, pero que llega muy tarde porque si el acuerdo ya estaba roto el pasado mes de diciembre por el tema económico no se debería haber esperado hasta la fecha del uno de abril para encontrarnos con este cierre", ha explicado.

El letrado ha incidido en que los vecinos no podrán acceder al cementerio al estar en una propiedad privada ni siquiera llamando a la Policía Local.

"Actualmente hay una patrulla de la Policía Local a las puertas del camposanto para garantizar la seguridad, pero ante esta situación, ¿Quién es el valiente que se atreve a romper el candado?. Está claro que a los vecinos no nos compete esa responsabilidad y parece ser que la autoridad pública tampoco lo tiene muy claro porque sino no hubiera cerrado este lunes", ha advertido.

Rubén Andrés González ha planteado varias cuestiones al alcalde para las que asegura que no le han ofrecido muchas respuestas. Entre otras, estas han sido algunas de las preguntas que le ha trasladado: "¿Qué va a ocurrir a partir de ahora si fallece alguna persona?, ¿Dónde se supone que se va a celebrar el enterramiento?, ¿Si el familiar no tiene derecho de enterramiento podrían ofrecerle acudir a otro cementerio cercano?, ¿Si tiene una propiedad o un derecho de enterramiento que ha comprado a la Iglesia en su momento, por qué no puede ejercitarlo?".

Los vecinos se encuentran actualmente en una situación de "gran incertidumbre", tal y como reconoce el abogado que les representa. Este martes estaba convocada una asamblea abierta, en el Centro Social de El Entrego, para estudiar todas las opciones que tienen a su alcance.

A su juicio, los vecinos que son propietarios con derecho de enterramiento tienen una legitimación para actuar contra la propiedad, proponiendo incluso que lo pueda mantener abierto hasta que haya una solución.

La sociedad propietaria lleva cuatro años anunciando ese cierre por jubilación y aunque lo comunicó con tiempo más que suficiente, el letrado afirma que esto no es obstáculo para exigir responsabilidades, ya que "tiene un cementerio y no una zapatería", cita a modo de ejemplo.

Las grandes diferencias entre la primera y la segunda tasación es otro de los temas que ha llamado la atención de los vecinos, según comenta el abogado.

"Nos llama poderosamente la atención que haya habido un informe inicial de una empresa tasadora oficial, avalada por el Banco de España, donde refleje que su valor es de 489.284 euros y no se mencione que está en un estado de deterioro y después aparezca un informe de terceros donde se baja su valoración a 74.284 euros. Algo no cuadra, aunque esa no es nuestra guerra y aunque no somos técnicos tampoco creemos que esté en una situación de inestabilidad, ni de riesgo inminente de desprendimiento", corrobora.