El PSOE cede ante sus socios y acepta citar a Ábalos en la comisión del Congreso por las mascarillas
El PSOE ha aceptado citar a José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. El grupo socialista había obviado en su propuesta de comparecientes al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, pero los aliados parlamentarios sí querían llamar a declarar al que fuera responsable del departamento donde se fraguó la trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas y otros productos fundamentales durante la crisis sanitaria. Los socialistas han asumido su imposibilidad de dejar fuera al hoy diputado del Grupo Mixto.
La comisión de investigación se ha reunido este martes a puerta cerrada para debatir y aprobar el plan de trabajo inicial. La base para hacerlo ha sido la propuesta del PSOE, aunque los grupos han logrado introducir finalmente algunos nombres más en una lista que contendrá hasta 134 comparecientes.
El partido que lidera Pedro Sánchez anunció que pediría las pesquisas parlamentarias como respuesta a la operación policial que desveló el llamado 'caso Koldo', una supuesta trama de empresarios y altos cargos socialistas que habrían propiciado contratos de venta de material sanitario y cobrado comisiones ilegales a cambio.
Uno de los señalados es Koldo García, mano derecha de Ábalos tanto en el PSOE como en el Ministerio de Transportes. El asesor está imputado, pero el ex número dos socialista, no. Aún así, Sánchez le reclamó el acta de diputado. Ábalos se negó a dimitir y pasó al Grupo Mixto, desde el que votó a favor de la comisión de investigación.
Los grupos también llamarán, además de a Koldo y a Ábalos, a algunos de los principales implicados en la causa. Joseba García, hermano de Koldo; Juan Carlos Cueto, presunto cabecilla de la trama; el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de los contrato, y José Ángel Escorial, antiguo titular de la empresa investigada en el caso Koldo.
La comisión citará asimismo, aunque con carácter más general, al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega.
Quienes no deberán declarar ante el Congreso en esta primera tanda de comparecientes son algunos de los nombres más destacados de los principales partidos. PSOE y PP se miran de reojo desde hace semanas a cuenta de los casos de corrupción relacionados con la compra de material sanitario y miden cada paso a dar en función de lo que hace el rival. Una suerte de guerra fría parlamentaria que se juega en paralelo en el Congreso y el Senado.
Así, el Congreso ha dejado fuera de la primera tanda de comparecientes a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que era presidente de Galicia durante la pandemia. Y tampoco la esposa del presidente, Begoña Gómez, a quien el PP ha puesto en el punto de mira pese a las advertencias de los letrados y a que no terminan de atreverse a citarla.
Tampoco será llamado a declarar por ahora Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por los tribunales por intentar defraudar a Hacienda cientos de miles de euros de las comisiones millonarias que ganó como intermediario en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Los grupos, en cambio, acuerdan citar a varios presidentes autonómicos. La mayoría del PP pero también del PSOE: la presidenta madrileña; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el murciano Fernando López Miras; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla o el gallego Alfonso Rueda. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
Por parte del PSOE irán el exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, o el expresidente canario y ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres. Los grupos también han acordado llamar a parte del gabinete de Sanidad, como a quien fuera asesor y principal cara visible durante la pandemia, Fernando Simón, así como al exjefe de gabinete de Illa, Víctor Francos.
Aunque los socialistas pusieron en marcha esta comisión en el Congreso tras el estallido del 'caso Koldo', la lista que ha pactado con el resto de grupos pretende que se arroje sobre los contratos de la pandemia en todas las administraciones y pone el foco en algunos que han ido saliendo a la luz desde entonces. Entre ellos, la estafa por la compra de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid y, más reciente, el fraude a Hacienda de Alberto González Amador que publicó este diario y que investiga la Fiscalía.
Sobre este último, aunque los grupos no llaman al principal implicado, sí citan a varias personas que aparecen en la investigación. Por ejemplo, Maximiliano Niederer, presunto testaferro de González Amador, y Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que defendió a la pareja de Ayuso frente a la Agencia Tributaria y que administra la empresa propietaria del ático en el que viven ambos.
A cuenta de este caso también están llamados algunos de los principales nombres del Gobierno de Ayuso durante la pandemia. Además de la propia presidenta y de su jefe de Gabinete, los grupos llaman a Enrique Ruiz Escudero, senador y exconsejero de la Comunidad de Madrid; y al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.