El abuso de citar a los fiscales
La decisión del PSOE de citar a tres fiscales entre los 134 comparecientes previstos en la comisión de investigación por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia es grave por diversos motivos. Y muy especialmente, en el caso de Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción. Es grave porque el Grupo Parlamentario Socialista debería saber, y si no lo sabe el mal es aún mayor, que en España no deben señalarse ni estigmatizar a miembros de la judicatura o de la Fiscalía en comisiones de investigación con objetivos puramente políticos. Es grave también porque refleja la claudicación constante del PSOE ante sus socios porque no es explicable una citación como la de Luzón, o como la de la fiscal europea que ha asumido la investigación del caso Koldo, Codruta Kovesi, si no fuera por una exigencia premeditada del independentismo catalán. Y en tercer lugar, es grave porque no deja de ser un signo más de que el PSOE está dispuesto a ejecutar sus acuerdos con el separatismo, en especial con Junts, para someter al poder judicial a un tóxico ejercicio de 'lawfare'. Al final, todo confluye en una rendición del Ejecutivo ante sus socios. La reacción de la opinión pública forzó ayer al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuestionar estas citaciones y a pedir expresamente al presidente de la Comisión que las retire. Pero esta petición de revocación, que tiene toda la lógica, ha sumido al PSOE en un auténtico embrollo. De hecho, sólo puede deberse a dos causas, a cual de peor diagnóstico. La primera tesis es que el Grupo Parlamentario Socialista, carente de una mínima alfabetización jurídica, haya aceptado el trágala de sus socios por mera sumisión y sin siquiera consultar la legislación que limita la citación del poder judicial, lo cual reflejaría el caos interno en que está sumido el PSOE en el Congreso; y la segunda, que en realidad se trate de todo un ejercicio de dramaturgia o teatralización, según el cual todo está convenientemente pactado con Junts, ERC o Bildu para después fingir un sentido irreal de responsabilidad de Estado. En los dos supuestos, la afectación institucional es preocupante para el Congreso, para la Fiscalía, para la Unión Europea y para la autonomía del tercer poder del Estado. Cuando Bolaños o García Ortiz sostienen públicamente que citar a todo un fiscal jefe Anticorrupción para ser sometido a preguntas que, por razón de su cargo, o por la lógica reserva de las investigaciones en que está involucrado, son inconvenientes o pueden llegar a vulnerar derechos esenciales de las personas inmersas en procesos judiciales, tienen razón. Lo que se desconoce es con qué grado de sinceridad lo denuncian, y con qué nivel de coordinación política actúa el PSOE ante un asunto tan serio. El doble lenguaje del PSOE se ha convertido en una costumbre tan nociva como los cambios de opinión permanentes de Pedro Sánchez. Por eso resulta muy difícil creer a Bolaños cuando recuerda que aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no regula expresamente la prohibición de citar a fiscales –cosa que sí hace la Ley del Poder Judicial con los jueces– el supuesto legal es asimilable entre ambas carreras. Porque si esto es de dominio público en el PSOE y ese es, además, el criterio del ministro de Presidencia y de Justicia, es incomprensible que se hayan asumido esas citaciones, salvo que los socialistas estén transigiendo con el primer ejercicio de 'lawfare' de nuestra democracia. Ejercicio, por otro lado, instado precisamente por partidos con delincuentes en sus filas que aspiran a ser amnistiados y a someter al Parlamento.