Fiscal suprema Zoraida Ávalos espera que la fiscalía de la Nación cumpla la sentencia del Poder Judicial
La Tercera Sala Constitucional de Lima emitió una sentencia de amparo en la que se pronunció sobre el fondo de la demanda, en concordancia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre las facultades del Congreso
La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos espera que en el menor tiempo posible, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena acate la resolución de la Tercera Sala Constitucional de Lima que, en sentencia de amparo, ordenó su inmediata reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.
Dicha reincorporación procede, a pesar de que la Procuraduria apele o el Congreso pretenda interponer un nuevo recurso de aclaración ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con fuentes judiciales, pues la decisión judicial no es una medida cautelar, sino una sentencia que resuelve el fondo de la controversia.
El retorno de Ávalos se da en un momento crucial para el Ministerio Público ante el inminente regreso de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, a partir del 6 de junio próximo.
La Junta de Fiscales Supremos pasaría a tener cuatro fiscales supremos titulares: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza para hacer frente a la reincorporación de Patricia Benavides.
La fiscal suprema Delia Espinoza solicitó la suspensión de Benavides por 36 meses, pero este pedido debe ser acogido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para tener vigencia. Si el Poder Judicial rechaza la suspensión, quedará solo en un mero trámite.
Zoraida Ávalos permanece alejada del Ministerio Público desde hace 11 meses, en un proceso parlamentario fraudulento que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo con testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz, Patricia Benavides concertó y ofreció a un grupo de congresistas archivar sus investigaciones penales, a cambio de inhabilitar a Ávalos.
Luego, la Tercera Sala Constitucional encontró que el procedimiento parlamentario vulneró el derecho al debido proceso formal, en el ámbito de la motivación de la resolución legislativa de inhabilitación.
Tampoco se precisa si se le cuestiona por cómo investigó o por la negativa a investigar a un alto funcionario, pues el Congreso reconoció que Avalos inició una investigación al ex presidente Pedro Castillo.
Adicionalmente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró que no existe delito en los presuntos actos ilícitos que le atribuyó el Congreso. El representante de la Fiscalía de la Nación retiró los cargos penales, por lo que ya solo queda un último pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema que mande todo al archivo.