GORE Áncash pospone pagos sin dar explicación a sus proveedores
Problemas en la documentación del GORE Áncash vienen desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y aún non ha sido solucionados.
El Gobierno Regional de Áncash está postergando —sin dar explicaciones a sus proveedores— el pago de adeudos por servicios realizados, los cuales no se abonaron en su momento, debido a cambios sucesivos de presidentes regionales.
En los años de la pandemia, no había suficiente personal para atender los reclamos; todo se canalizaba por la atención online. Pese a que se ha superado la situación, se mantiene el caos documentario, la imposibilidad de averiguar el estado del proceso de pago y, a pesar de las cartas notariales, hay un notorio silencio administrativo.
Un caso corresponde a una adjudicación efectuada por la administración del expresidente regional Juan Carlos Morillo, en la que se contrató a la consultora Laboratorio de Comunicaciones SAC para formular un plan de comunicaciones y enfrentar la segunda ola de la COVID-19, que golpeaba duramente la región.
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Se cumplió con la entrega de todos los productos de la consultoría, entrevistas a funcionarios y representantes de la sociedad civil, diagnóstico, diseño de piezas de comunicación y una estrategia, todo validado con el personal del área que solicitó el servicio y en los plazos del contrato. Se produjo el cambio de gobernador, y se perdió todo contacto
Pese a las cartas notariales dirigidas al presidente regional actual, GORE Áncash pospone pagos sin dar explicación a sus proveedores; y, por el caos administrativo, no se conoce respuesta al documento de cobranza y el plazo del pago, de obligatorio cumplimiento porque se trató de un contrato con marco presupuestal comprometido, por lo que su derivación a otro pago sería motivo de denuncia. La consultora informa que igual se ha reclamado a la Oficina de Control Institucional.
La clave
Casos. En la puerta del GORE Áncash, se agrupan proveedores que buscan inútilmente saber de sus pagos. El desorden campea y no hay un procedimiento institucional para estos casos, muy perjudiciales sobre todo para pequeñas empresas, que emitieron sus facturas y cumplieron con pagos a la Sunat.