El juego del calamar y el Congreso, por Marisa Glave

“De manera inconstitucional, el Congreso ha aprobado que los actuales parlamentarios puedan postular como candidatos en las elecciones regionales y municipales, cosa que está expresamente prohibido”.

Cada vez más ensimismados y desconectados de la sociedad y sus problemas reales, nuestros congresistas han decidido alterar, una vez más, las normas que rigen el proceso electoral para adecuarlas a sus deseos. Lejos de plantear una reforma política con mínimos de seriedad, que permita devolver la confianza que la ciudadanía ha perdido en la clase política, lo que hacen es seguir moviendo fichas a su antojo y por intereses puramente personales. Muy al estilo del juego del calamar.

El problema lo tendremos nosotros, la ciudadanía en su conjunto, pues con estas movidas se trastocan aún más las normas que alentaban la participación política y la democracia interna en los partidos. Se murieron las pocas reformas que sí se lograron hacer. Revisemos algunos de los cambios.

¿Abrir o cerrar la oferta electoral?

Tener 30 posibles listas compitiendo en el próximo proceso electoral no es alentador. Esta multiplicidad de registros generará una alta dispersión, lo que probablemente traiga como consecuencia que la polarización se produzca. Cuando tenemos tantas posibles opciones, la fragmentación del voto hace que el resultado se vuelva un albur, pudiendo tener en segunda vuelta dos candidaturas que no concentren en conjunto ni el 20% de los votos.

Esta situación fue usada como excusa por el Congreso en diciembre pasado para incrementar los requisitos a fin de inscribir nuevas organizaciones políticas. Se añadió la obligación de contar con un número muy alto de firmantes. Ahora, si se quiere registrar un nuevo partido, se deberá contar con las firmas de al menos el 3% de los ciudadanos que fueron a votar en el último proceso electoral. Cabe recordar que nuestro padrón de electores es de 24 millones de personas, aproximadamente. Esto generará que la puerta de la participación política se cierre otra vez.

La lógica de firmas como requisito fue desterrada por varias razones, dos que me parecen clave recordar. La primera fue el número de casos reportados de firmas falsas. Desde los años 90, con Fujimori, ya se denunciaba el uso de falsificadores. El último caso conocido es el del partido de Luna, denunciado por incluir firmas falsas de figuras públicas como Paolo Guerrero o Verónika Mendoza.

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La segunda es que para poder conseguir ese número de firmas se requiere de una logística muy grande, volviendo a las nuevas organizaciones políticas dependientes de financiamiento, muchas veces insano. Lograr la meta no necesariamente prueba que haya organización, sino que hay dinero.

Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues se podía respetar la lógica de la reforma pasada. Se abría la puerta de la inscripción, facilitando la conformación de organizaciones políticas, pero se ponía una valla de ingreso a la contienda electoral con las llamadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

De haberse mantenido, podríamos tener 30 potenciales listas que se enfrentan a una elección primaria, pero solo las que pasaran el 5% de ciudadanos que apoyen la conformación de la lista competirían en la contienda electoral final. Para eso servían las PASO, como primer filtro que reduce la oferta con base en las preferencias de la ciudadanía.

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Si bien coincido con quienes dicen que la opción de primarias ciudadanas abiertas no es una panacea, podría haberse planteado una opción de primarias de militantes, exigiendo también un porcentaje mínimo de participación. Así, los partidos cascarón, que presentan militantes que no lo son realmente, no tendrían un número mínimo de votantes y, por tanto, no llegarían a ser una alternativa electoral.

Combinar la opción de elección ciudadana con elección militante era una posibilidad. Pero esto no lo quisieron pensar nuestros legisladores. Lo que hicieron fue acomodar las reglas para que se vuelva a facultar a una asamblea de delegados —lo que siempre favorece a las cúpulas de los partidos— para que elija a los candidatos de los partidos. Se eliminó la democracia interna, se eliminó la elección ciudadana y, con eso, se eliminó el filtro de entrada a la carrera electoral.

Las normas se han hecho para beneficiarlos a ellos, a sus partidos, no a la ciudadanía. Se cerrará la oferta y así se impedirá nueva competencia, a la vez que se cierra la democracia interna.

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¿Partidos o cascarones?

Recuperar la lógica de cientos de miles de firmas de adherentes como requisito de ingreso a la política electoral hace que desaparezca el foco centrado en la militancia y en la vida orgánica del partido. Esto se agrava con el último cambio, aprobado la semana pasada.

La reforma pasada buscaba que lo que diera validez a las organizaciones políticas sea su vida activa, el número de personas que participaran en el quehacer partidario y los comités con vida pública en los territorios. Por ello, se planteaba que el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizara cada seis meses el funcionamiento de dichos comités, acreditando su existencia real. Esto se acabó. Ahora se plantea que haya una única fiscalización, que esta además no sea inopinada, sino programada con al menos 15 días hábiles de anticipación.  (...)

Todos los tickets posibles

De manera inconstitucional, el Congreso ha aprobado que los actuales parlamentarios puedan postular como candidatos en las elecciones regionales y municipales, cosa que está expresamente prohibido. Lo plantean como una excepción a la prohibición general, pues se aplicaría solo cuando las elecciones regionales y municipales se produzcan en el último año de su mandato congresal.  (...)

¿Y las mujeres? Sin poder real…

Otro de los cambios se refiere a la participación política de las mujeres. Se ha decidido eliminar la alternancia en la plancha presidencial. Esto solo responde al hecho de ver cómo cada vez más vicepresidentes asumen la presidencia. Al ser así, no quieren que una de las opciones sea necesariamente una mujer.

Lo mismo pasa con la llamada paridad horizontal en las elecciones regionales y locales. Aceptan tener mujeres en las listas de consejeras y regidoras, pero no las quieren como gobernadoras o alcaldesas.

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